La denuncia que derivó en la vinculación a proceso del activista defensor del agua, Renato Romero Camacho y de Pascual Bermúdez la presentó Caminos y Puentes Federales (Capufe), en relación con los bloqueos registrados en la autopista México–Puebla como parte de las manifestaciones contra la venta de agua de San Miguel Xoxtla.
Los hechos ocurrieron el 28 de mayo en San Miguel Xoxtla, luego de que se realizara una movilización durante la cual se cerró la circulación de la autopista por más de 10 horas, con al menos tres cierres viales y se reportaron daños al pozo 4 que opera Agua de Puebla.
Al respecto, el pasado viernes 5 de septiembre se celebró una audiencia en la que un juez federal determinó vincular a proceso a Romero Camacho y Bermúdez por el delito de daños a vías generales de comunicación, la investigación complementaria continuará y será el próximo 5 de noviembre cuando se resuelva su situación jurídica.
Romero Camacho señaló tras la audiencia que la resolución únicamente implica la continuación del proceso judicial y no representa una sentencia en su contra ni prueba la comisión de algún delito.
En un primer procedimiento judicial que inició el 1 de julio, cuando Romero quedó detenido mientras se dirigía a una asamblea en Nealtican, la Fiscalía General del Estado ordenó su traslado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Pedro Cholula.
Esto, derivado a una denuncia que presentó Agua de Puebla en la que trabajadores del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP), testificaron haber visto a los señalados de causar daños a las tuberías del pozo 4.
No obstante, ante la falta de pruebas, declararon a los activistas inocentes por los daños a la estructura hidráulica, aunque continúa abierta la causa por los bloqueos carreteros.
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