Durante más de una década, Antonio Valente Martínez —alias “El Toñín”— ha protagonizado una de las transformaciones desde Palmarito Tochapan, su bunker en el Triángulo Rojo. De ser identificado por autoridades federales y estatales como uno de los objetivos prioritarios en materia de huachicol, pasó a presentarse desde 2020 como agricultor y, recientemente, como “líder campesino” defensor del agua y de las comunidades de Palmarito Tochapan.
Su reaparición del 3 de diciembre de 2025 al frente de un bloqueo en dos tramos de la autopista Puebla–Orizaba volvió a colocar sobre la mesa esa doble faceta que él mismo ha impulsado: la del productor agrícola que encabeza movilizaciones, frente al personaje que desde 2017 es señalado por investigaciones oficiales por su presunta participación en actividades ilícitas.
Durante la protesta, la presidenta municipal de Quecholac, Guadalupe Martínez —su hija— denunció entre lágrimas presiones del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, para liberar la autopista. Esa declaración motivó una respuesta inmediata de su padre en redes sociales, donde exigió respeto para su familia y para los pobladores inconformes. La escena, sin embargo, reveló nuevamente su peso político en la región y la influencia que mantiene en las decisiones locales.
Su reaparición del 3 de diciembre de 2025, encabezando el bloqueo de dos tramos de la autopista Puebla–Orizaba, exhibió de nuevo esa doble identidad que él mismo ha tratado de imponer con transmisiones en vivo, caravanas de verduras y discursos victimistas: un hombre que se autonombró “humilde campesino”, mientras la Sedena y la Fiscalía lo identifican desde 2017 como uno de los líderes criminales más violentos del Triángulo Rojo.
La reinvención de El Toñín comenzó años atrás
Entre 2020 y 2021 inundó redes con más de 350 transmisiones en vivo donde se declaraba “humilde agricultor”, mientras repartía camiones de zanahoria y legumbres en Puebla, Cuautlancingo, la capital y hasta Oaxaca. Siempre ocultando su rostro pero no su ubicación en Palmarito Tochapan, retando abiertos operativos de la Fiscalía y exhibiendo a beneficiarios agradecidos frente a la cámara.
El objetivo era claro: construir una base social que lo protegiera como escudo humano y limpiar la imagen del personaje ya señalado por narcomenudeo, huachicol, robo de transporte y extorsión.
Su marca, “Aquiles”, nombre de su percherón negro —su orgullo y símbolo identitario—, se extendió como sello corporativo de sus negocios: ferreterías, tiendas de abarrotes, agroquímicos, forrajes, vulcanizadoras y hasta los camiones con los que repartía verduras. Tres sucursales de fertilizantes llevan ese nombre en Palmarito.
La primera aparición pública: el capo que celebraba a tiros
El 9 de marzo de 2017, El Toñín irrumpió por primera vez en la escena pública a través de un video que mostraba su verdadera dimensión en Quecholac. En la grabación —difundida por CAMBIO— se le observaba celebrando su cumpleaños en un rancho sobre la carretera a Zacatepec, en una fiesta multitudinaria amenizada por Los Inquietos del Norte, con comida, bebidas y cientos de asistentes.
Ahí quedó definido el estilo del personaje: armas largas al aire, disparos que opacaban la música y una exhibición abierta de poder frente a la comunidad sin que autoridad alguna interviniera. Él mismo disparaba; sus pistoleros lo secundaban. La imagen fue contundente: un líder huachicolero que no se ocultaba, que compraba lealtades con fiestas y que mostraba su influencia en la región antes de convertirse en el criminal más buscado del Triángulo Rojo.
El imperio bajo tierra: huachicol y narcosótanos
Mientras él transmitía en vivo desde sus sembradíos, la realidad criminal documentada desde 2017 era otra. Investigaciones federales y estatales acreditan que El Toñín construyó un imperio de delito diversificado:
• Ordeña y trasiego de huachicol, su punto de partida entre 2010 y 2012.
• Narcosótanos, auténticas fortificaciones subterráneas para descargar tráileres robados en la México–Veracruz, tal como reveló el reportaje nacional Crimen Bajo Tierra (2021). Derecho de piso, pagado incluso en toneladas de verduras.
El capo que siempre escapó
A lo largo del 2021, la Fiscalía de Puebla emprendió cuatro operativos formales para capturarlo bajo el mando de Gilberto Higuera Bernal y todos fracasaron.
- En agosto de 2021, ministeriales catearon su mansión en La Vista, pero no lo hallaron. Esa misma noche, en Palmarito, pobladores salieron a defenderlo a pedradas y palos, obligando a los agentes a replegarse.
- En septiembre, la Fiscalía cateó la presidencia de Quecholac: no encontraron a El Toñín, pero sí encarcelaron a su hermano, el alcalde Alejandro Martínez, imputado por abuso de autoridad, ejercicio indebido y delitos vinculados al huachicol.
- En octubre, otro cateo halló armas, droga y hasta un túnel en uno de sus ranchos, pero él huyó antes de la llegada de los agentes.
El patrón siempre fue el mismo: pobladores alertados por halcones, usados como escudo, impidieron su captura.
Una dinámica que ya se había visto desde el 3 de mayo de 2017, cuando mujeres y niños bloquearon un operativo militar en Palmarito —el del 3 de mayo que dejó 10 muertos— para darle tiempo de escapar. Esa escena nunca olvidada en el pueblo, pues se dio la ejecución extrajudicial de un capo huachicolero a manos de un soladado, que hoy está libre.
Victimización en redes: su arma política
En cada episodio, El Toñín volvió a Facebook para victimizarse: Acusó “persecución política” del gobierno estatal.
- Presentó a sus hijas llorando por cateos fallidos. Ofreció una rueda de prensa en 2021 para asegurar que no tenía ranchos, sicarios ni nexos criminales.
- Repartió bastones, verduras, dinero y apoyos para reforzar su narrativa de benefactor. Así consolidó un aparato mediático propio, sin necesidad de radio ni prensa: una comunidad digital fiel, alimentada por regalos y un discurso emocional.
Cuatro años después, reapareció más fuerte políticamente: con su hija gobernando Quecholac, Usó el discurso del agua —“Si nos quitan el agua, nos quitan la vida”— como bandera para movilizar tractores, hombres y mujeres bajo una supuesta causa campesina.
El capo huachicolero que durante una década desafió al Estado ahora se presenta como defensor del campo y vocero de agricultores. Pero sus contradicciones lo delatan. Primero negó el bloqueo, luego admitió haber convocado a los pobladores.
La hija de El Toñín y la narrativa familiar
En marzo de 2024, durante su postulación por el PSI a la alcaldía de Quecholac, Guadalupe Martínez consolidó públicamente la versión que hoy sostiene su familia: negar cualquier nexo con ‘El Toñín’ y presentarse como víctimas de persecución política. Aseguró que su padre, Antonio Martínez Fuentes, “no es identificado como ‘El Toñín’”, que es campesino y no delincuente, y advirtió que tendría “cero tolerancia” con quien la vinculara al supuesto líder criminal.
Negó incluso conocer al personaje asociado al huachicol, afirmó que su familia ha sido cateada en 2018 y 2021 sin órdenes judiciales, y denunció amenazas, abusos y violencia política en su contra. También reconoció amparos y una denuncia previa contra su madre, pero los atribuyó a una “guerra política” en la región.
Su discurso fue claro: defender el apellido Martínez, victimizarse ante los señalamientos y blindar la imagen familiar que desde entonces intentan posicionar como la de agricultores perseguidos, no la de un clan bajo sospecha criminal.
La caída del hermano: el otro pilar del clan Martínez
El 27 de septiembre de 2021, la Fiscalía General del Estado detuvo a Alejandro Martínez Fuentes, entonces presidente municipal de Quecholac y hermano de El Toñín. La captura ocurrió en Palmarito Tochapan, su bastión familiar, a manos de agentes de la Agencia Estatal de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Pública.
Alejandro estaba por iniciar su segundo periodo consecutivo como alcalde, tras haber obtenido la reelección meses antes, pero su detención evidenció nuevamente el peso político y territorial de la familia Martínez en la región. Su caída fue el golpe más cercano que han recibido las autoridades en torno al círculo de El Toñín, y marcó uno de los momentos clave en el desmantelamiento —al menos institucional— del poder que el clan ejercía desde el propio ayuntamiento.
Detrás del sombrero campesino y los videos emotivos, sigue existiendo la misma red criminal que durante años operó bajo su mando, hoy envuelta en un nuevo discurso rural que le permite influir, presionar y disputar espacios de poder.
El Toñín no desapareció. Solo se transformó.
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