Presuntas prácticas irregulares en la nómina del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros han generado inconformidad entre habitantes del municipio, luego de detectarse la presencia de posibles aviadores, así como la inclusión de familiares de regidores en puestos estratégicos, lo que contrasta con el discurso oficial de una administración “libre de corrupción” del edil Eliseo Morales, alias “El Chino”.
Entre los casos de posibles aviadores en la nómina del Ayuntamiento de Izúcar que han llamado la atención se encuentra el de la regidora de Grupos Vulnerables, Dulce Chávez García, y su hermana, María Fernanda Chávez García, actual directora de Industria y Comercio. Ambas perciben salarios cercanos a los 40 mil pesos mensuales, pese a no contar, presuntamente, con estudios profesionales que respalden dichos ingresos.
Extrañamente, aunque Fernanda es la directora de Industria y Comercio en funciones, no aparece en la nómina oficial, revisada en la página de transparencia, lo que genera mayores suspicacias.
Las funcionarias también fueron señaladas en el contexto del cierre de la carretera federal Atlixco–Izúcar, ocurrido hace aproximadamente un año, tras la detención de un presunto delincuente conocido como “El Chaka”, hecho que generó tensión social y afectaciones a la movilidad regional. Actualmente, ambas forman parte de la estructura del servicio público municipal.
A estos señalamientos se suma la detección de personal que no acude a laborar, pero que continúa recibiendo sueldos, lo que refuerza la percepción ciudadana de opacidad en el manejo de los recursos públicos. Como parte de estas irregularidades, en la lista de la nómina del ayuntamiento aparece el albañil Nicolas Calderón Cruz, a quien se le está pagando por tener un puesto dentro del ayuntamiento como “auxiliar“; sin embargo, nadie lo conoce ni sabe qué actividad desempeña, pues únicamente aparece con ese cargo.
Estas prácticas han puesto en duda las declaraciones del presidente municipal, Eliseo Morales, quien ha sostenido que en su gobierno no existe corrupción, mientras crece la exigencia ciudadana de una revisión exhaustiva de la nómina y de los perfiles que integran la administración municipal.
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