El Gobierno Municipal de Acatlán, encabezado por Guadalupe Lucero Bárcenas, se encuentra en el centro de la polémica.
Lo anterior, luego de que se revelara que los recursos recaudados por el cobro adicional de cinco pesos para el servicio de recolección de basura fueron utilizados para la compra de electrodomésticos.
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Estos, supuestamente serían rifados entre los habitantes.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado con claridad a quiénes se compraron dichos artículos, ni si el monto total recaudado fue utilizado en su totalidad con ese fin.
El programa, presentado por la propia presidenta como un incentivo comunitario, fue suspendido de manera repentina el pasado 28 de abril.
La propuesta se hizo en medio de un creciente malestar ciudadano y señalamientos de opacidad financiera.
La administración municipal argumentó en un comunicado que la medida se sustentaba en el Artículo 22 de la Ley de Ingresos Municipal, el cual permite el cobro por la recolección y disposición final de residuos sólidos.
No obstante, ciudadanos acusan que más que un programa con fines sociales, se trató de un mecanismo irregular para administrar recursos públicos sin controles ni transparencia.
Vecinos de distintas colonias han denunciado que el servicio de limpia es deficiente o, en muchos casos, simplemente inexistente.
La acumulación de basura en las calles ha comenzado a generar riesgos sanitarios, mientras la alcaldesa promovía rifas cuya organización, premios, ganadores y proveedores permanecen sin esclarecer.
Aun cuando muchos habitantes aseguran estar acostumbrados a dar propinas voluntarias a los trabajadores de limpia, quienes realizan una labor digna y constante, rechazan tajantemente que el ayuntamiento imponga un cobro obligatorio bajo el pretexto de un sorteo que no ha sido verificado ni auditado.
“La presidenta nunca dijo cuántos aparatos se compraron, ni cuánto costaron, ni a quién se le compraron. No hay facturas, no hay lista de ganadores. Solo nos pidió dinero y no dio cuentas”, afirmó un ciudadano en redes sociales, donde el tema ha escalado y generado múltiples exigencias de rendición de cuentas.
La administración 2024-2027 no ha aclarado el destino exacto de los fondos recaudados ni ha publicado informes públicos sobre la ejecución del programa, lo que incrementa la desconfianza entre los contribuyentes.
Por ahora, la rifa ha sido suspendida temporalmente, pero las dudas permanecen. Habitantes de Acatlán insisten en que el cobro fue injustificado.
Exigen no solo transparencia en el manejo de recursos, sino también la garantía de servicios básicos de calidad, sin condicionamientos, opacidad ni presuntos beneficios disfrazados de sorteos.
