La diputada federal Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, guardó silencio ante la corrupción comprobada en el gobierno de su esposo, tras la sanción histórica impuesta a la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, por el fraude cometido con recursos públicos del estado en la inversión irregular de Banco Accendo.
Diario CAMBIO buscó a Orozco Caballero para conocer su postura sobre la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que inhabilitó por 20 años y multó con más de 362 millones de pesos a Castro Corro por desvío de recursos y abuso de funciones. La legisladora contestó el teléfono, pero no respondió a la llamada realizada por este medio.
Asimismo, se contactó a la exvocera del barbosismo, Verónica Vélez Macuil, para solicitar una entrevista con la diputada. Vélez respondió:
“Hola Héctor, buenas tardes. No trabajo con ella, le apoyo con algunos asuntos, pero le comento y te aviso”.
Rosario Orozco evade responder ante escándalo de corrupción
Hasta el cierre de esta edición, más de 24 horas después de que se conoció públicamente la sanción, Rosario Orozco no ha emitido pronunciamiento alguno, a pesar de que el tema ha sido retomado por prácticamente todos los medios de comunicación poblanos.
La resolución del tribunal fue emitida el 30 de septiembre, por lo que la exfuncionaria ya fue notificada oficialmente de la sanción. Con ello se confirmó su responsabilidad directa en la pérdida de más de 600 millones de pesos del erario estatal, invertidos ilegalmente en Banco Accendo, institución financiera que quebró meses después de recibir los recursos públicos.
Durante su sexenio, Miguel Barbosa Huerta calificó reiteradamente a María Teresa Castro Corro como “una mujer incorruptible” y “ejemplo de funcionaria pública”, además de ser una de las colaboradoras más cercanas y protegidas de su círculo político.
El silencio de Rosario Orozco frente a esta macro sanción contrasta con el discurso de integridad que el barbosismo sostuvo durante todo su gobierno, mismo que quedó en entredicho con la sanción contra la exsecretaria de Finanzas, quien era presentada como “incorruptible” durante la administración estatal entre 2019 y 2022.
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