El ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, no logró desvirtuar por completo el pliego de observaciones por mil 100 millones de pesos emitido por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su cuenta pública 2023, ya que tras el proceso de solventación persiste un presunto daño patrimonial por 722 millones de pesos.
De esta manera, el panista solo pudo comprobar el ejercicio lícito de 378 millones respecto de los mil 100 millones contenidos en el Pliego de observaciones emitido por la ASE a finales de abril.
➡️ Únete a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado al estilo de DIARIO CAMBIO
La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla detectó un presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública Municipal y al patrimonio del Ayuntamiento de Puebla por un total de 722 millones 915 mil 997.50 pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, del ex alcalde panista según el informe entregado por el encargado de despacho de la ASE, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, al Congreso del Estado.
Las observaciones apuntan a adjudicaciones directas sin sustento legal, falta de documentación comprobatoria, y contrataciones con empresas sin experiencia, historial operativo o incluso clasificado como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Contratos de difusión, entre los más escandalosos
Uno de los rubros más cuestionados fue el de servicios de difusión de actividades gubernamentales, donde se observó un gasto de 118 millones 739 mil 400 pesos. La ASE detectó adjudicaciones directas sin justificación legal, así como una preocupante falta de evidencia documental que incluye la ausencia de clips de transmisión, planes de medios, pautas publicitarias o entregables que comprobaran la difusión real.
Además, se identificaron proveedores sin historial en medios, sin infraestructura comprobable y con antecedentes sospechosos. Entre ellos destacan: Grupo Radiofónico Zer S.A. de C.V.: recibió 36.2 millones de pesos, sin presentar pruebas de transmisión y fue contratado por adjudicación directa; Medios de Comunicación del Centro S.A. que obtuvo 28.4 millones, entre otros.
Otras de las irregularidades señaladas fue la contratación de empresas a las que se les asignó contratos publicitarios millonarios pese a que no tenían ni un año de haber sido creadas y tampoco contaban con historial comprobado en medios, por lo que se presume que lavaron 54 millones de pesos.
Empresas fantasmas y EFOS: desvíos simulados por más de 147 millones
Otro hallazgo relevante es el uso de empresas fachada o EFOS, con las que se contrataron servicios por un monto de 147 millones 826 mil 678 pesos. La ASE identificó proveedores con domicilios inexistentes, sin registro fiscal vigente o sin operaciones reales documentadas.
Entre las firmas señaladas figuran: Constructora y Servicios Neovitec S.A. de C.V.: 12.5 millones; Grupo Integral Inovatech S.A. de C.V.: 9.4 millones, en la lista 69-B del SAT, Comercializadora MCG Holding S.A. de C.V.: 5.9 millones, empresa fiscalmente bloqueada, Soluciones Estratégicas Clevi S.A. de C.V.: 8.2 millones, sin operaciones reales y Servicios Especializados Zaramar S.A. de C.V.: 6.7 millones, sin cumplimiento fiscal.
Obra pública y adquisiciones, otra área crítica
En el ámbito de infraestructura y compras gubernamentales, la ASE detectó irregularidades por un total de 247 millones 999 mil 769.16 pesos, entre las que destacan obras sin ejecución comprobable, pagos en exceso o duplicados, bienes no localizados y entregas sin documentación.
A esto se suman 60.5 millones de pesos en combustible sin controles de consumo ni bitácoras de vehículos, 42.8 millones en pagos en exceso a diversos proveedores, 10.2 millones en fianzas no ejecutadas, pese a evidencias de incumplimiento y 28.3 millones en pagos anticipados sin garantías de cumplimiento.
Posibles consecuencias legales
La ASE ya emitió recomendaciones, solicitudes de aclaración y pliegos de observaciones que podrían derivar en sanciones administrativas, civiles e incluso penales para los funcionarios implicados en estos hechos.
El dictamen posiciona esta auditoría como una de las más graves en años recientes en el municipio de Puebla, por el alto monto observado y la reiteración de esquemas que presuntamente facilitaron el desvío de recursos públicos.
