El activista defensor del agua Renato Romero Camacho, junto con Pascual Bermúdez, fue vinculado a proceso por un juez federal por presuntos daños a vías generales de comunicación y la investigación complementaria seguirá en curso y será el 5 de noviembre cuando se determine su situación jurídica.
Tras la audiencia, Romero Camacho señaló que la resolución únicamente implica la continuación del proceso judicial, pero no constituye una sentencia ni comprueba que él o Bermúdez hayan cometido algún delito.
El procedimiento comenzó el 1 de julio, cuando Romero fue detenido mientras se dirigía a una asamblea en Nealtican. La denuncia que dio origen al caso se relaciona con los hechos ocurridos el 28 de mayo en San Miguel Xoxtla, donde durante una movilización se reportaron daños a tuberías de Agua de Puebla y la toma del pozo número 4, como parte de las protestas contra la venta del agua en el municipio y los posteriores bloqueos a la autopista México-Puebla.
En la audiencia inicial, realizada el 2 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE), ordenó su traslado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Pedro Cholula.
Además, como principales pruebas, la parte denunciante presentó los testimonios de dos trabajadores del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP), sin embargo, no lograron comprobar delito alguno.
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