La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la liberación de Juana Hilda González Lomelí, condenada a 76 años de prisión por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005.
La Corte concluyó que la confesión que sirvió como base para su sentencia la obtuvieron mediante tortura, invalidándola como prueba legal.
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Con la resolución, el máximo tribunal no solo pone fin a una condena de 19 años que ahora se reconoce como injustificada. También desmantela el eje central del llamado “caso Wallace”, un expediente que durante casi dos décadas fue emblema del combate al secuestro en México.
Tras la decisión judicial, ha cobrado nueva fuerza una hipótesis sostenida por diversas investigaciones periodísticas, particularmente la del periodista Ricardo Raphael:
Hugo Alberto Wallace no lo habrían asesinado, sino que habría fingido su desaparición para huir de una deuda millonaria con Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, uno de los principales operadores del Cártel de los Beltrán Leyva.
Raphael, autor del libro Fabricación, ha documentado durante seis años esta versión alternativa del caso. En entrevistas recientes en los podcast “El Sistema Podcast”, de Fabiola Navarro, y “Penitencia”, de Saskia Niño de Rivera, el periodista aseguró que César Freyre Morales —otro de los condenados— le reveló haber hablado en prisión con “La Barbie”, quien supuestamente le confesó:
“Hugo Alberto se me peló con tres toneladas de cocaína”.
Dudas sobre las pruebas clave
La gota de sangre hallada en el baño del departamento de González Lomelí, siete meses después de la desaparición de Wallace, fue la mas controversial.
Esta muestra, cuyo ADN coincidía en 99% con el del entonces identificado como su padre, José Enrique del Socorro Wallace, sirvió como prueba incriminatoria central.
No obstante, Raphael descubrió que Enrique no era el padre biológico de Hugo, sino Carlos León Miranda, quien era primo de Isabel Miranda de Wallace.
Esta revelación, sumada a inconsistencias en la cadena de custodia y el análisis de la muestra, apuntan a una posible siembra deliberada de evidencia, como parte de una estrategia para simular un crimen inexistente.
Activismo, poder y posible montaje
Durante casi dos décadas, Isabel Miranda de Wallace fue una figura influyente en el combate al secuestro. Fundó la organización Alto al Secuestro y recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010. Según Raphael, su cercanía con el entonces presidente Felipe Calderón le dio acceso privilegiado a instituciones de seguridad y justicia, facilitando la instrumentación del caso Wallace.
“El Estado se convirtió en la espada a sus órdenes”, declaró el periodista, al referirse al alcance del poder que Miranda habría ejercido sobre el aparato judicial.
Muerte en duda
El 8 de marzo pasado, en plena reactivación del caso y días antes de la audiencia de González Lomelí, se reportó la muerte de Isabel Miranda de Wallace por causas médicas. Sin embargo, Raphael puso en duda la veracidad del fallecimiento.
Entre los elementos que señaló se encuentran la falta de registros hospitalarios concluyentes, un funeral cerrado, cremación acelerada y la ausencia de figuras públicas en las exequias.
“Si fabricó un secuestro, ¿por qué no podría fabricar también su muerte?”, se preguntó el periodista.
¿Dónde está Hugo Alberto Wallace?
De acuerdo con las investigaciones del periodista Ricardo Rafael, Hugo Alberto Wallace habría estado vivo al menos hasta 2007.
Raphael cita como evidencia movimientos bancarios, llamadas telefónicas y testimonios de personas cercanas.
Claudia Muñoz —madre de una hija de César Freyre—, quien asegura haber hablado con él tras su supuesta muerte. Incluso hay pistas de un posible escape hacia Estados Unidos y Canadá.
Un caso que podría desmoronarse
La liberación de Juana Hilda González podría ser el primer paso en la caída de un caso judicial emblemático. Otros condenados ya han promovido amparos, mientras Brenda Quevedo y Jacobo Tagle siguen sin sentencia tras más de 15 años detenidos.
Ricardo Raphael ha llamado a que el expediente se resuelva antes de la salida de los actuales ministros de la SCJN, tras la reforma que cambiará su integración.
“Estamos a minutos de una decisión histórica. Si no se resuelve ahora, podrían pasar cinco años más con personas inocentes en prisión”, advirtió.
Para Raphael, el caso Wallace simboliza las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano: su debilidad ante las presiones políticas, su opacidad y su capacidad para fabricar culpables.
“Las cárceles están llenas de personas que no deberían estar ahí. Fabricar culpables ha sido parte del modelo. Y este caso lo demuestra”, concluyó el periodista.
