El asesinato de Antonio Sarmiento Ruiz y sus hijos, Gael (12 años) y Alexander (9 años), ocurrido el pasado 19 de enero en Culiacán, Sinaloa, provocó la indignación de la ciudadanía y manifestaciones en la capital del estado.
Las víctimas fueron atacadas por hombres armados, presuntamente durante un intento de robo de vehículo, mientras viajaban junto a un primo de 17 años, quien sobrevivió pero permanece hospitalizado.
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Por este hecho, miles de personas, entre ellas madres de familia y estudiantes, salieron a las calles para exigir justicia y un alto a la violencia.
Algunos manifestantes ingresaron a las oficinas del gobernador Rubén Rocha Moya, demandando su renuncia por la falta de resultados en materia de seguridad y gobierno.
Los manifestantes también señalaron la creciente inseguridad derivada de disputas internas entre facciones del cártel de Sinaloa. Esta situación que ha mantenido en alerta a la población de la región durante meses.
Cabe destacar que, bajo este contexto, desde la detención del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael “El mayo” Zambada, las facciones del grupo criminal mantiene enfrentamientos abiertos desde hace 4 meses. Situación que deriva en un colapso del gobierno estatal.
Respuesta gubernamental sin efecto
Ante las críticas, el gobierno estatal implementó operativos para retirar vidrios polarizados de vehículos. Esto al señalar que la medida busca identificar a los ocupantes y prevenir delitos.
Sin embargo, la ciudadanía ha cuestionado la efectividad de esta acción, calificándola de insuficiente frente a la gravedad de la situación. Por ahora, las autoridades no han reportado detenciones ni avances concretos en la investigación del caso. Esto generó un mayor descontento entre los habitantes de Culiacán.
El asesinato de Alexander y Gael ha visibilizado el hartazgo de la población ante la violencia y la impunidad que persisten en Sinaloa. Este crimen, sumado a otros hechos recientes, representa un llamado urgente para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad y justicia para las familias afectadas.