Dos empresarios mexicanos fueron acusados en Estados Unidos de haber sobornado a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), como parte de una trama de corrupción que involucra millones de dólares.
🚨#ÚltimaHora | EU destapa escándalo: acusan a dos empresarios mexicanos de sobornar a Pemex#diariocambio#Puebla @Pemex pic.twitter.com/ZayDtd0hSg
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) August 12, 2025
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó este lunes 11 de agosto que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61, enfrentan cuatro cargos federales. Incluyendo conspiración y violaciones sustanciales a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
➡️ Únete a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado al estilo de DIARIO CAMBIO
Según los documentos judiciales, entre 2019 y 2021, los acusados presuntamente pagaron y ofrecieron al menos 150 mil dólares en sobornos, incluyendo efectivo, relojes de lujo, artículos de marca como Louis Vuitton y Hublot, entre otros regalos, a funcionarios de Pemex y PEP, con el objetivo de asegurar contratos para empresas asociadas con Rovirosa.
El DOJ señaló que estos sobornos resultaron en contratos valorados en al menos 2.5 millones de dólares, adjudicados por la empresa estatal mexicana a compañías vinculadas con los acusados. La denuncia indica que al menos tres funcionarios públicos habrían recibido pagos o regalos a cambio de favorecer indebidamente a las empresas implicadas.
Los acusados: uno procesado, otro prófugo
Rovirosa Martínez fue procesado por las autoridades estadounidenses. Mientras que, Ávila Lizarraga se encuentra actualmente prófugo de la justicia, aunque las investigaciones continúan con el apoyo del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Ambos acusados son mexicanos con residencia legal en Texas, según confirmó el DOJ.
El fiscal Matthew R. Galeotti, de la División Penal del DOJ, afirmó que esta acusación “debe enviar un mensaje claro:
“Estados Unidos no tolerará que se corrompan funcionarios públicos a cambio de contratos que afectan la competencia y los mercados justos”.
Si son declarados culpables, cada uno podía enfrentar hasta 20 años de prisión, al contemplarse cinco años por cada uno de los cuatro cargos federales.
