Un hacker vinculado al Cártel de Sinaloa logró acceder a registros telefónicos de un funcionario del FBI en 2018 y utilizó el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México para localizar y asesinar a informantes de la agencia estadounidense, según un informe publicado este jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El caso fue expuesto en una auditoría realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, que evaluó las vulnerabilidades que enfrenta el FBI ante lo que denomina “vigilancia técnica ubicua”, en referencia a la proliferación de cámaras de seguridad y al comercio masivo de datos de ubicación, comunicaciones y desplazamientos.
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De acuerdo con el informe, el hacker trabajaba para una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán —extraditado a Estados Unidos en 2017— y logró identificar a un agregado legal asistente del FBI adscrito a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.
A través del número telefónico del funcionario, el pirata informático obtuvo registros de llamadas, datos de geolocalización y utilizó cámaras urbanas para rastrear sus movimientos y los de las personas con las que se reunía.
“La información recopilada fue utilizada por el cártel para intimidar y asesinar a posibles fuentes o testigos colaboradores del FBI”, señala el documento.
Aunque no se detallan los nombres del hacker, del funcionario estadounidense ni de las víctimas, el informe subraya que la operación tuvo consecuencias directas en la seguridad de los informantes.
Consultada sobre el incidente, la Embajada de Estados Unidos en México remitió las preguntas al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia, que no emitieron comentarios al cierre de esta edición. Tampoco respondieron el FBI ni el equipo legal de Guzmán.
El informe pone de relieve las crecientes dificultades que enfrentan las agencias de inteligencia y seguridad para proteger a sus fuentes en un entorno cada vez más expuesto a tecnologías de vigilancia y recopilación masiva de datos por parte de actores tanto comerciales como criminales.
Las conclusiones subrayan la necesidad urgente de reforzar las medidas de ciberseguridad y confidencialidad, especialmente en operaciones internacionales sensibles.
Este caso también renueva el debate sobre los riesgos que plantea el acceso no regulado a información privada y la posible explotación de infraestructuras de seguridad pública por parte del crimen organizado.
