El Gobierno de México, junto con empresarios gasolineros y otros actores clave de la cadena de valor de los combustibles, alcanzó un acuerdo para fijar de manera voluntaria el precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro durante los próximos seis meses.
Importadores, distribuidores de marcas comerciales de gasolina, transportistas y expendedores gasolineros respaldan este acuerdo, que se anunciará oficialmente el próximo jueves.
Según un documento firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y al que accedió El Financiero, durante los seis meses se realizarán evaluaciones periódicas para medir la efectividad del acuerdo y ajustar las acciones según los resultados.
El objetivo de esta medida es coordinar esfuerzos entre el sector público y privado para garantizar precios justos. En este sentido, el precio de la gasolina regular, que tiene un octanaje inferior a 91, se mantendrá por debajo de los 24 pesos por litro, con excepción de las zonas fronterizas, que disfrutan de estímulos fiscales que les permiten ofrecer precios más bajos.
Para cumplir con este acuerdo, Pemex establecerá un precio mayorista nacional para la gasolina regular en sus terminales de almacenamiento y distribución. Además, las empresas importadoras y distribuidoras ajustarán sus estrategias para trasladar los beneficios a los consumidores, con márgenes de ganancia razonables.
El acuerdo también establece que la diferencia de precios entre los precios mayoristas de Pemex y otros comercializadores no debe exceder los dos pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Acuerdo para estabilizar el precio de la gasolina en México
A nivel operativo, Pemex se compromete a mejorar la distribución de combustible en todo el país, garantizando un suministro eficiente en todas las regiones. En caso de que los costos logísticos y operativos dificulten cubrir los costos de distribución, Pemex propondrá ajustes en coordinación con las autoridades competentes.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá aplicando estímulos fiscales a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continuará monitoreando los precios y garantizando la transparencia en los costos.
Finalmente, las autoridades del Gobierno de México se comprometen a mantener mesas de trabajo permanentes para analizar y mejorar la regulación y normatividad en el sector de los combustibles, con el objetivo de optimizar la eficacia de las políticas y reducir el costo regulatorio.
