La red millonaria de Adán Augusto López Hernández, senador de Morena y exsecretario de Gobernación, ha sido expuesta por documentos fiscales obtenidos por la Unidad de Investigación N+ Focus. Entre 2023 y 2024, el político habría recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, sin incluirlos en sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública ni ante la contraloría del Senado.
Los pagos fueron registrados como “Servicios Profesionales” y provinieron de compañías que, en algunos casos, fueron contratistas durante su gobierno en Tabasco. Además, están vinculadas a sus familiares o han sido señaladas por el SAT como empresas fantasma. Una de ellas, GH Servicios Empresariales, utilizó el mismo correo electrónico que Adán Augusto y su hermano Melchor López Hernández: corporativo_chontalpa@hotmail.com.
En noviembre y diciembre de 2023, López Hernández recibió 20.5 millones de pesos: 8.9 millones de GH Servicios Empresariales y 11.5 millones de Operadora Turística Rabatte, esta última contratista en Tabasco. En 2024, GH Servicios Empresariales volvió a transferirle 2.8 millones, antes de que el SAT le suspendiera el sello digital por irregularidades fiscales.
Empresas fantasma y vínculos familiares
Otra empresa, Capital Cargo del Golfo, le pagó 18.8 millones de pesos en 2024. Esta compañía recibió contratos por adjudicación directa durante la gubernatura de López Hernández en Tabasco. En total, los ingresos no reportados suman 79 millones de pesos.
La red millonaria de Adán Augusto también se refleja en sus declaraciones patrimoniales. En 2023, cuando era secretario de Gobernación, reportó ingresos por 7 millones de pesos, aunque los documentos fiscales muestran que ganó al menos 22 millones. Un año después, declaró ante el SAT ingresos por 58.1 millones, pero ante el Senado solo reportó 625 mil 793 pesos.
Por ley, la omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales puede derivar en sanciones que van desde la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública. El caso ha generado preocupación sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en el ejercicio de funciones de alto nivel.
La investigación de N+ Focus puso en evidencia una estructura de pagos que involucra a empresas con vínculos personales y políticos, lo que podría configurar un esquema de simulación de operaciones.
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