El gobierno federal presentó una iniciativa que permitiría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder en línea y en tiempo real a los datos que resguardan las plataformas digitales. Esta propuesta, que será discutida por el pleno de la Cámara de Diputados, contempla servicios como Tinder, Netflix, clubes en línea, páginas de enseñanza a distancia y sitios de intermediación entre terceros.
La intención es fortalecer la supervisión fiscal en el entorno digital, donde los modelos de negocio evolucionaron significativamente. Asimismo, la medida generó debate sobre el alcance del SAT y plataformas digitales en la vida cotidiana de los usuarios.
El dictamen establece que, en caso de que los prestadores de servicios digitales no cumplan con esta obligación, se procederá al bloqueo temporal de sus plataformas. Esta disposición se encuentra en el artículo 30-B del documento legislativo y forma parte de un esfuerzo por adaptar la fiscalización a los nuevos modelos económicos digitales.
Fiscalización adaptada a plataformas digitales
Según el texto, el SAT será el encargado de definir las especificaciones técnicas de los sistemas de cómputo y registros que deberán implementar las plataformas. Estas reglas se emitirán con carácter general, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la norma por parte de los prestadores de servicios.
Además, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será responsable de administrar los aspectos informáticos y tecnológicos relacionados con la gestión de datos. Esta colaboración institucional busca garantizar que las autoridades fiscales cuenten con la información suficiente para verificar el cumplimiento de obligaciones dentro de la economía nacional.
El documento argumenta que los modelos de negocio digitales no solo impactan en el ámbito fiscal y aduanero, sino también en el económico y tecnológico. Por ello, se considera necesario establecer un marco legal que permita a las autoridades acceder a los datos relevantes de las plataformas digitales. La propuesta ha sido impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una estrategia para modernizar la fiscalización en México. Aunque aún debe ser discutida y aprobada
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