Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa Cristina Pereyra presentan una sentencia emitida por la jueza Lisa Walsh del 11.º Circuito Judicial de Florida. Los acusados deberán pagar 2 mil 488 millones de dólares por un esquema de contratos ilícitos que drenó recursos públicos mexicanos hacia propiedades y cuentas en el sur de Florida.
García Luna debe restituir 748 millones mientras que su esposa tiene una sanción de mil 740 millones de dólares, tras ser considerada pieza clave en la transferencia y ocultamiento de activos.
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Junto con una red de colaboradores, García Luna logro manipular contratos de seguridad para extraer al menos 250 millones de dólares, lo que más tarde se multiplicó a 580 millones 8 mil 513.40 mediante sobrecostos y comisiones secretas, entre 2012 y 2018.
En 2021 presentaban una demanda civil, pero ni el, ni su esposa respondieron a esta, dejando vencer los plazos, mientras que su abogado se retiro del caso, por lo que para la UIF, esa ausencia equivalía a admitir los cargos.
Tras la sentencia el gobierno mexicano podrá confiscar bienes localizados en Florida y en otras jurisdicciones que cooperen con órdenes civiles. Entre los codemandados también se encuentran Samuel y Alexis Weinberg, quienes continúan negociando un acuerdo con la UIF, y exsubordinados de García Luna como José Francisco Niembro, quien desembolsó 330 mil dólares.
Antes de abrir un nuevo caso contra los restantes demandados la jueza Walsh considera necesario cerrar los convenios pendientes.
La fiscalía declaro que recuperar la totalidad de los 2 mil 500 millones será complejo: pues muchos activos habrían pasado por fideicomisos opacos o fueron revendidos.
