Mi abuela estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la década de los 50s. Tuvo la dicha de ser alumna de emblemáticos juristas, como Eduardo García Maynez y Luis Recaséns Siches. Por eso cuando supo que iba a dedicar mi vida al derecho, me obsequió todos sus libros que datan de hace más de cincuenta años.
Recuerdo que, al desempolvar el Código de Comercio de 1950 que ella me regaló, me encontré con varios artículos que hoy resultan impensables, pero que en su momento fueron ley.
Me refiero a artículos, como el 8° del Código de Comercio, que señalaba que las mujeres casadas, mayores de dieciocho años, solo si tuvieran autorización expresa de su marido otorgada en escritura pública, podrían ejercer el comercio. O el 11 del mismo Código que indicaba que la mujer que se hallare ejerciendo el comercio, al contraer matrimonio necesitaría autorización de su marido para continuar con ello.
Estos artículos llaman la atención no solo por las restricciones para que las mujeres en el comercio, sino porque el legislativo reconoce el matrimonio infantil, como una realidad aceptada y normalizada de esa época.
Pero, ¿qué sucedió con estos artículos? Todo cambió a partir de la reforma constitucional del 13 de octubre de 1953 que reconoció el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México. Esta reforma fue el resultado de décadas de lucha encabezada por mujeres que exigían el reconocimiento de sus derechos.
Desde Hermilia Galindo, que en 1916 solicitó al Congreso Constituyente una iniciativa que planteaba la necesidad de otorgar el derecho a las mujeres e incluirlas en la vida política, y se postuló como candidata a diputada federal, a pesar de las restricciones de la ley electoral, hasta la consolidación de diversas organizaciones que defendieron los derechos femeninos Entre ellas destacan las Ligas Femeniles Campesinas, el Frente de Mujeres Mexicanas, la Liga Orientadora de Acción Femenina, el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias, el Partido Feminista Revolucionario y la Confederación Femenil Mexicana.
Un papel clave lo tuvo el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, creado en 1935, que reunió a más de 50,000 mujeres mexicanas con un objetivo claro: reformar la Constitución para garantizar el derecho al voto y la participación política de las mujeres, además de impulsar el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y la seguridad social.
Tras un largo proceso y diversos acuerdos políticos, en 1946 se aprobó la reforma constitucional al artículo 115 para permitir el voto femenino en elecciones municipales y posteriormente, para 1953, se aprobó la reforma para reconocer la ciudadanía plena a las mujeres mexicanas.
Esta reforma constitucional permitió la armonización de diversas leyes generales, para reconocer la plena capacidad jurídica de las mujeres para ejercer sus derechos y la eliminación de los artículos que antes discutimos del Código de Comercio.
A propósito del 8 de marzo, quiero que reflexionemos, sobre cómo por voluntad de las mujeres, de nuestras ancestras, las leyes han cambiado. Sin embargo, el reto de hacer realidad lo que establece nuestra Constitución sigue siendo complejo. y perfectible.
Setenta años después de que se aprobó la reforma que reconoció a las mujeres como ciudadanas, y por otra parte, se derogaron las disposiciones que establecían restricciones irrazonables a las mujeres en el comercio, la situación en nuestro país, sigue siendo preocupante.
A pesar de la ausencia de restricciones legales en el ejercicio del comercio y el trabajo para las mujeres, de acuerdo con el INEGI, en México solo 4 de cada 10 son económicamente activas[1].
También nos encontramos ante una brecha salarial, que en contextos de pobreza como el que sufre México, se acentúa. De acuerdo con INEGI, por cada 100 pesos que un hombre gana, una mujer en dichas circunstancias gana 71.7 pesos, por el mismo trabajo[2].
Las problemáticas que rodean a las mujeres económicamente activas también se relacionan con la división sexual del trabajo y la doble jornada que muchas viven a diario. De ahí la urgencia de un sistema de cuidados eficiente y confiable, que libere a las mujeres de las cargas impuestas y les permita su pleno desarrollo profesional.
Quiero concluir rindiendo homenaje a la lucha incansable de nuestras antepasadas, mujeres que desafiaron su tiempo para abrirnos camino. Gracias a ellas, hoy tenemos derechos que antes parecían inalcanzables. Pero el reconocimiento en las leyes no basta si la realidad sigue imponiendo barreras.
Nos toca a nosotras y nosotros asumir el compromiso de convertir esos derechos en una vivencia cotidiana, en una justicia tangible. No se trata solo de recordar el pasado, sino de honrarlo con acciones que construyan un presente y un futuro donde la igualdad no sea una aspiración, sino una realidad. El cambio no vendrá solo; nos corresponde impulsarlo, desde cada una de nuestras trincheras.
[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022) Estadísticas a propósito del Día internacional de la mujer. Disponible en https://inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/7222
[2]Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023) Mujeres y Hombres en México 2021-2022.
