Expertos en temas de narcotráfico han señalado que los fiscales estadounidenses que han interrogado a los grandes capos mexicanos presos en EU se han interesado de manera prioritaria en conocer los senderos de lo que se conoce como lavado de dinero producto del tráfico de estupefacientes en Estados Unidos. Y siguiendo el dinero podría llegarse a la segunda de las grandes prioridades americanas: los sobornos de los cárteles a funcionarios y políticos.
Los últimos interrogatorios a los grandes capos se han encontrado con que el dinero de la droga ya no se traslada en maletas, sino que entra en circuitos financieros, empresariales y de refugios internacionales, fuera de investigaciones judiciales por darse en pequeños países con soberanías todavía sin control internacional.
En este contexto se debe entender un poco el escenario en el que se dio el cambio previsto pero retardado del responsable directo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, sobre todo después de decisiones de su correspondiente en Estados Unidos, la FinCEN o Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, contra financieras mexicanas señaladas como lavadoras de narcodólares.
En la segunda presidencia de Trump se han dado cuando menos dos avisos que debieron ser leídos con preocupación en la UIF y en Palacio Nacional: una directriz de la oficina estadounidense FinCEN en junio en lo que se considera como la Ley Fentanilo y la decisión de esa misma oficina contra tres financieras mexicanas, entre ellas el anuncio de congelación de activos sobre todo al grupo Vector de México por indagatorias precisas por indicios de lavado de dinero del narco, un dato que abrió una línea de investigación hacia dos personajes del sexenio pasado: el financiero Alfonso Romo y Casa Vector y su papel como asesor empresarial del presidente López Obrador.
El dato mayor que ya se está procesando en el sector financiero-judicial de la Casa Blanca señala que Pablo Gómez Álvarez (de origen ideológico comunista) y la UIF en tiempos de López Obrador encubrieron las actividades irregulares de Romo/Vector y el lavado de narcodólares nada menos que del sobreprotegido Cártel de Sinaloa en el sexenio pasado.
De acuerdo con análisis del despacho de abogados Foley de EU, “el FinCEN basó sus designaciones en hallazgos que indicaban que estas instituciones facilitaron las transacciones entre entidades chinas que venden precursores de fentanilo y cárteles de drogas con sede en México que fabrican y comercializan productos terminados de fentanilo. Por lo tanto, las instituciones caen bajo el ámbito de la Ley de Sanciones de Fentanilo de 2019 y la Ley de Fend de 2024.”
Además, con estas órdenes, “FinCEN tiene como objetivo cortar cualquier canal financiero ilícito respaldado por el lavado de dinero realizado a través de CIBanco, Intercam y Vector. Las órdenes prohibirán a las instituciones y agentes financieros extranjeros nacionales y ubicados en los Estados Unidos participar en la transmisión de fondos desde o hacia las tres instituciones, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en su nombre. En la práctica, sin embargo, las órdenes ya han incentivado un cumplimiento más amplio con FinCEN en forma de entidades que toman medidas proactivas para distanciarse de estas instituciones financieras. Por ejemplo, siguiendo las designaciones de FinCEN, Visa suspendió todas las transacciones internacionales realizadas con tarjetas bancarias de CIBanco. Y el Gobierno de México ha comenzado el proceso de separar las unidades fiduciarias de CIBanco e Intercam y transferirlas temporalmente a bancos estatales”.
Otros analistas han considerado las razones que tiene Estados Unidos para meterse de lleno a romper con el circuito de transferencia de dólares ilegales producto del narcotráfico a través de instituciones financieras. El criterio puede ser el mismo que decidió a Washington imponerle impuestos especiales a la transferencia de remesas: el dinero en efectivo que produce el narco dentro de Estados Unidos y las remesas como salarios se trasladan a México y crean fugas de captación de impuestos para la economía estadounidense, a partir del criterio de que ese dinero se convierte en una sangría para la economía americana.
El cambio de responsable en la UIF de la Secretaría de Hacienda de México trasladó a EU la capacidad de investigación de seguridad y de decisiones de congelación de cuentas, en su estrategia de lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos con productos que vienen de México. Y queda el dato revelador de que la UIF con Pablo Gómez Álvarez ayudó a Casa Vector a esconder lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
La UIF pasa al ámbito de competencia del FinCEN de EU.
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