Hasta donde se alcanza a ver el procedimiento institucional para enfrentar sobre la marcha rupturas de estabilidad dentro de la inseguridad, tres hechos estarían mandando el mensaje equivocado de que estamos solo ante estrategias de control de daños políticos y no ante la toma de decisiones que destruyan la estructura de los grupos delictivos que se han convertido en pequeños Estados dentro de la soberanía territorial del Estado federal.
1.- El acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es condenable desde todos los puntos de vista, pero no han estado de más las recomendaciones para replantear el esquema de seguridad personal de la jefa del Estado y del Gobierno. Y se está descubriendo, a través de ese incidente, que México está a años luz de resolver el problema de garantizar a las mujeres un entorno libre de violencia. Todas las medidas de protección de la mujer a posteriori debieron ser parte de la agenda primaria de la primera mujer presidenta de la república. Y los ajustes a las leyes contra el acoso son una mínima parte de la falta de protección equitativa a las mujeres como nueva cultura social.
2.- Las primeras lecturas a la decisión del Congreso local de Michoacán de entregarle la alcaldía interina a la esposa del asesinado munícipe Carlos Manzo fue coyunturalmente positiva, con excepción de una que necesariamente debe ser resumida dentro de los enfoques de la verdad efectiva machiavelliana: a los adversarios tenerlos más cerca, y en consecuencia la tarea de la nueva alcaldesa Grecia Quiroz no será buscar a los asesinos de su esposo, sino controlar las protestas que se estaban orientando en contra de Morena y el riesgo de perder la mayoría morenista en Uruapan y todo Michoacán. El contexto de la decisión estratégica de entregar y acotar la alcaldía de Uruapan se basa en el principio reyesherolista de Newton –acción-reacción– de que todo lo que resiste apoya. Y la alcaldesa interina Quiroz estará acotada porque el cargo se lo entregó formalmente la presidenta de la República en Palacio Nacional.
3.- Sobra reiterar que el Plan de Paz para Michoacán no tendrá resultados positivos en tanto que de nueva cuenta el Estado nacional elude poner como prioridad en la estrategia de seguridad emergente el objetivo que debían estar en primerísimo lugar: orientar todo el aparato de fuerza del Estado para destruir las estructuras del crimen organizado en Michoacán. Es posible que sin decirlo se haya tomado esa decisión, pero por lo que se conoce se trataría de eludir los costos de una guerra contra las estructuras del crimen organizado que están expropiándole al Estado nacional territorios de la soberanía para convertirlas en zonas francas de la delincuencia.
El tema del acoso presidencial no debe desplazar la importancia de la crisis provocada por el asesinato del alcalde Manzo –entre otros munícipes–, porque se trató de una crisis de soberanía interior y del desafío arrogante de grupos criminales al monopolio estatal de la fuerza que tiene el Estado para garantizar la seguridad interior.
En los casos del acoso físico a la presidenta de la República, el asesinato de un alcalde que estaba convirtiéndose en figura de consenso contra el gobierno federal en materia de falta de decisión para combatir a las estructuras del crimen organizado en Uruapan y Michoacán y el Plan de Paz para Michoacán, las respuestas oficiales debían de ser de fondo y no con iniciativas que se pueden resumir popularmente como decisiones para “taparle el ojo al macho”, porque significaron verdaderas crisis de las tres seguridades que son responsabilidad del Estado: pública, nacional e interior.
Las decisiones inmediatistas orientadas solo al control político de daños no pueden sustituir las estrategias de Estado contra el rebasamiento de los límites de poder de ese Estado por parte de las organizaciones delictivas, sicarios y hasta de –por decirlo de algún modo—loquitos.
El Estado no recuperará la hegemonía sobre la delincuencia si no ataca las verdaderas causas estructurales de la inseguridad: la debilidad de ese Estado al haber permitido con argumentos varios el fortalecimiento del poder armado del crimen organizado en toda la República.
Todas las estrategias de seguridad desde 1985 y el caso del secuestro, tortura y asesinato de la gente de la DEA Enrique Camarena Salazar hasta el Plan Michoacán eluden la decisión de Estado para destruir las estructuras del crimen organizado.
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Política para dummies: la política es de grandes decisiones, y lo demás es lo que es gustan repetir los políticos: politiquería.
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