La vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación del régimen presidencialista priista y prianista termina su largo ciclo sistémico y comienza la nueva vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación sometida al sistema presidencialista morenista. Los dos grandes ciclos del Estado mexicano se han acomodado en disputas por la hegemonía y no han intentado un esfuerzo de construcción de un verdadero Estado democrático con equilibrio de poderes.
La Corte en el viejo-viejo régimen fue un apéndice del autoritarismo presidencialista centralizador, absolutista y vertical, en tanto que la Corte en el nuevo-viejo régimen reproduce exactamente los mismos vicios del Poder Judicial anterior. Los perfiles disciplinados que ha mostrado el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, son exactos a los que presentaron todos sus antecesores.
La insistencia del bloque de poder morenista sobre el perfil indígena del próximo jefe del Poder Judicial en nada ayuda a explicar si habrá o no un Poder Judicial apegado a las leyes y a la Constitución actual y no como un nuevo equipo judicial para los indígenas, sobre todo si se revisa la historia y se comprueba que el derecho indígena era machista, subordinado y elitista, además de religioso.
Las últimas reformas constitucionales distorsionaron la estructura de la sociedad mexicana al introducir artículos que referían a los derechos indígenas, pero con una Constitución formalmente criolla. Las comunidades mexicanas que siguen viviendo con las reglas del México originario han impedido su modernización en tanto que tratan de mantener reglas de usos y costumbres que no encuentran articulación en el funcionamiento de las sociedades constitucionales criollas. Tan es así, que los intentos frustrados y fracasados del EZLN en Chiapas hicieron que los criterios de seguridad y justicia quedaran bajo el ámbito de competencia de las procuradurías locales y la federal.
El viejo modelo priista-prianista de Suprema Corte reventó por la falta de pericia y malos asesoramientos de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, sobre todo porque supuso que había llegado a la presidencia de un Poder Judicial autónomo en una supuesta democracia. Y por falta de sensibilidad política, la ministra Piña puso a la Corte en línea de confrontación directa con el presidencialismo absolutista, verticalista y en modo típicamente priista de Andrés Manuel López Obrador.
La Suprema Corte sufrió varios ajustes y reestructuraciones sin tener el objetivo de colaborar en la reconstrucción de un Estado con instituciones verdaderamente democráticas, sobre todo porque se reestructuró el aparato burocrático del Poder Judicial y no se implementó la democratización real a la estructura presidencialista del Estado mexicano.
A la ministra Piña Hernández le faltaron sensibilidades políticas y de ejercicio del poder para entender primero que la Corte era un poder subordinado al absolutismo presidencial y que no podía ejercer autonomías también absolutas si su existencia dependía de las mayorías partidistas en el Ejecutivo y el Legislativo.
Aquellas imágenes de la ministra Piña Hernández permaneciendo sentada a la llegada del presidente de la República a un evento de recordatorio constitucional y luego los NO de la Corte a reformas prioritarias que formaban parte del objetivo central del bloque lopezobradorista fueron errores sistémicos que encasillaron a la Corte y a sus ministros y perdieron sus relaciones de poder con la nueva mayoría partidista.
Todos los presidentes de la República llegaron al poder con decisiones de reestructuración del sistema que tenían que pasar por el Poder Judicial, pero en esas circunstancias hubo una Corte sometida y subordinada al presidencialismo absolutista; la Corte de la ministra Piña Hernández se encerró en su Camelot judicial y tuvo a los ministros afines en la mesa redonda de confrontación –no de negociación– con el Ejecutivo lopezobradorista.
En ese contexto, siempre fue obvio que López Obrador haría hasta lo imposible para modificar la estructura interna de la Suprema Corte a partir de que los rechazos a sus reformas en el Poder Judicial afectaban la reforma estructural del Estado que como presidente de la República iba a cumplir como anteriores mandatarios.
En este sentido, la responsabilidad en modo de culpa de la destrucción del Poder Judicial como contrapeso del presidencialismo absolutista la debe asumir la ministra Piña Hernández porque creó las condiciones de falta de negociación y diálogo entre dos poderes –el Ejecutivo y el judicial– para un entendimiento que ayude a los objetivos de ambas instancias institucionales.
Sin legiones legislativas ni partidos afines, la ministra Piña Hernández puso la Corte frente a una locomotora presidencial a toda velocidad que la atropelló sin piedad. Y ahora la sociedad democrática mexicana padecerá retroceso institucional en el Poder Judicial en modo indigenista.
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Política para dummies: La política es la disputa brutal por el poder, no la asignación teórica de intereses.
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