Quieren las circunstancias políticas que a veces se perfilan como espacios estratégicos que la visita oficial del secretario estadounidense de Estado coincida con el septiembre mexicano que recuerda buena parte de las luchas históricas por su soberanía y sobre todo la batalla del 13 de 1847 contra el invasor estadounidense que colocó la bandera americana en Palacio Nacional y consiguió en el Castillo de Chapultepec los Tratados de Guadalupe Hidalgo que le arrebataron a México más de la mitad de su territorio para anexarlo al naciente imperio estadounidense.
Con rango de irregular visita de Estado, Rubio será recibido en Palacio Nacional por la presidenta de México, cuando los protocolos diplomáticos señalan la equidistancia de rangos similares entre miembros del gabinete de las dos naciones. Pero por tercera ocasión –luego de las negativas a la secretaria de Seguridad Interior y a la secretaria de Justicia, las dos de la Casa Blanca–, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiterará la negativa de México a permitir la entrada de tropas regulares de Estados Unidos a México para perseguir y destruir a los cárteles del narcotráfico.
Lo que están exigiendo el presidente Trump y sus emisarios plenipotenciarios –el secretario de Estado, el subsecretario con rango inexistente de vicesecretario y el embajador como subprocónsul– es que México de manera sencilla viole la Constitución que regula su existencia porque allí se encuentra el mandato de defensa de la soberanía interna y externa solo por fuerzas de seguridad estrictamente mexicanas.
Lo más grave de todo es que Estados Unidos no quiere reconocer que ni siquiera el Ejército Mexicano puede combatir al narcotráfico, si no es con justificaciones probadas de riesgos de seguridad interior y de apoyo legalizado a decisiones de seguridad pública que ameritan la participación castrense por el nivel de capacidad de fuego de respuesta de parte del crimen organizado.
Pero hay que tomar en cuenta un hecho que suele olvidarse o desconocerse: las presiones públicas de Estados Unidos obedecen a una lógica del poder que parte del absolutismo de la Casa Blanca y de un principio de extraterritorialidad jurisdiccional arbitrario para intervenir en otros países o para meterse legal o ilegalmente en otros países, pero otra cosa es la utilización de esa argumentación como parte del instrumento de negociación subterránea de decisiones que se toman en función del modelo de tensión dinámica, es decir la presión de empuje y la presión de resistencia.
Aún si por alguna razón la presidenta de México acepta la entrada de tropas, los mexicanos podrán brincar para denunciar la violación constitucional y la invasión de una fuerza expedicionaria extranjera para destruir a grupos a los que solo se les puede atacar por decisión legal de cuerpos de poder mexicanos.
Lo que pudiera estar buscando Estados Unidos y que pudiera ocultarse en la letra chiquita del Acuerdo de Seguridad si acaso existe un documento público y si de chiripa el gobierno mexicano decide darlo a conocer, se encuentra en la intención de la Casa Blanca de movilizar tropas especiales no para invadir el territorio sino para operaciones quirúrgicas especiales –se supondría– que penetraran con autorización mexicana a México para detener a presuntos delincuentes mexicanos contra los cuales no se sabe si hay o no orden nacional de resto y llevárselos a Estados Unidos para juzgarlos en tribunales americanos.
Es decir, se trataría de institucionalizar el exitoso modelo de secuestro del capo Ismael El Mayo Zambada, quien fue secuestrado por el hijo del Chapo Guzmán, subido a una avioneta, aterrizado en territorio americano y entregado a las autoridades judiciales gringas para ser enjuiciado sin que México pudiera o quisiera meter las manos.
Lo que extraña de todo el aparato de propaganda de seguridad nacional de EU es su intención de llevar este modelo de entrada de tropas o de operativos específicos quirúrgicos tendría en realidad muy pocas piezas que cazar, quizás solamente la de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, del Cártel Jalisco Nueva Generación al que tiene ya muchísimos meses que nadie ha visto en persona pero cuya figura sigue liderando comunicados y acciones de ese grupo delictivo; y por ahí habría algunos otros capos menores.
Por tanto, si en verdad el Acuerdo de Seguridad incluye la autorización mexicana para ingreso de tropas estadounidenses a México como Ejército regular o como fuerzas especiales, entonces estaremos frente a un entendimiento más geopolítico y de violación de soberanía que para descabezar a los cárteles del crimen organizado en México que producen drogas y las contrabandean a Estados Unidos con el aval y la complicidad de las autoridades americanas que son corresponsables directas del trasiego de drogas.
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Política para dummies: la política tiene que eludir la letra chiquita de los contratos y acuerdos.
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