La visita oficial del secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, careció de una verdadera estrategia de replanteamiento de las relaciones bilaterales con México y se redujo a la corresponsabilidad en la seguridad fronteriza, pero fue muy obvio el silencio del visitante extranjero sobre la exigencia del presidente Trump de meter tropas estadounidenses a territorio mexicano para destruir a los cárteles del narcotráfico.
Ese estilo personal de Trump de obsesionarse con medidas aisladas facilitó la respuesta mexicana porque las leyes y artículos constitucionales impiden la subordinación mexicana a los intereses de EU. Aunque quisiera, la presidenta de México está impedida constitucionalmente para permitir la entrada de ejércitos extranjeros.
Y lo que fue anunciado a finales de julio como un gran Acuerdo de Seguridad integral entre las dos naciones con efectos en política exterior e intercambio comercial se desinfló a un programa de cooperación fronteriza. Los temas de la penetración de tropas, de entrega de narcopolíticos mexicanos y la captura de más jefes de cárteles que producen droga en México y la contrabandean a Estados Unidos quedaron en el aire y sujetos a mecanismos de colaboración y entendimiento que ya existían.
El Gobierno de Estados Unidos y sus principales funcionarios se quedaron enredados en sus propias trampas: todavía el martes en la tarde, el presidente Trump declaró a un programa periodístico televisivo que México estaba dominado por los cárteles del narcotráfico ya caracterizados por Estados Unidos como narcoterroristas, pero el resultado final de la reunión del secretario Rubio con la presidenta Sheinbaum Pardo en nada modificó la caracterización insistente sobre el narcopolítica mexicana y el Gobierno de Trump suscribió un acuerdo que llevaría implícito el hecho de que estaría pactando con un gobierno controlado por el narcotráfico.
La intención original del presidente Trump fue revalidar el modelo de negociación del tratado comercial que firmó Estados Unidos con México en 1993 y que llevaba implícito el criterio de que el aumento en el comercio exterior iba a reforzar las reformas neoliberales del entonces Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y también “institucionalizará la aceptación de una orientación estadounidense en las relaciones exteriores” de México.
Este modelo fue explicado en mayo de 1991 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, el estratega del espionaje y la seguridad nacional John Dimitri Negroponte, en un memorándum enviado al subsecretario de Estado Bernard Aronson: “la adopción de un TCL nos ayudaría a poner en forma abierta ilegítima lo que muchos sienten debería ser la relación entre México y Estados Unidos desde hace mucho tiempo”. En términos concretos, Negroponte explicó que el Tratado reforzaría el modelo neoliberal de desarrollo o de Salinas de Gortari que terminaría con la política de economía de Estado en México y una diplomacia derivada de los enfoques nacionalistas tradicionales mexicanos.
Eso quería Trump ahora, pero el problema fue que no pudo explicar con claridad sus intenciones porque él mismo carecía de pensamiento de seguridad nacional y sus principales colaboradores en la Casa Blanca se habían destacado solo por ser halcones en políticas imperiales impositivas y sin capacidad de diseñar políticas. De ahí que Trump no tiene más camino que refrendar –aún con revisiones profundas– el Tratado comercial, pero sin haber podido utilizarlo como instrumento de negociación de inteligencia y seguridad nacional en el contexto de las declaraciones americanas contra la política mexicana dominada –insisten– por la narcopolítica.
La diplomacia estadounidense que trajo Rubio a México y la metió con calzador en Palacio Nacional fue muy reduccionista y mecanicista: seguir amenazando con aranceles de castigo si México no enfocaba el 100% de su atención a la terminación de la fabricación de fentanilo y si no cerraba sus fronteras para evitar el contrabando que de México cruza Estados Unidos por la corrupción existente en las oficinas públicas de seguridad de estados americanos. El ambiente fijado por la Casa Blanca reducía la reunión a la imposición a México de permisos para meter tropas americanas en México para destruir narcos, pero al final hubo un comunicado conjunto que se pudo haber firmado sin tantas estridencias.
El modelo de Negroponte 2.0 no pudo siquiera rediseñarse como estrategia y sólo quedó en intenciones, pero la política populista de México no dio ningún espacio para meter al Tratado como condicionante y EU no supo siquiera proponer reformas neoliberales a las decisiones populistas mexicanas en curso.
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