“El desgobierno judicial consiste en la
incapacidad del sistema judicial para dar
respuesta eficaz a las necesidades de
justicia de los ciudadanos, produciendo
inseguridad, desconfianza y, en último
término, deslegitimación
del propio Estado de derecho.”
Alejandro Nieto
Será histórico este mes de septiembre de 2025 para México, pues inician los trabajos de los nuevos 9 ministros de la corte y de una gran cantidad de jueces y ministros (más de 800), como lo ha sostenido el propio ex ministro de la Corte, íntimamente ligado al partido oficial, será: “un experimento”, el que se realizará con esta nueva forma de elección de los jueces y magistrados, en pocas palabras: “veremos si funciona.”
El propósito supuesto de esta serie de cambios en el poder judicial federal y por consecuencia en los locales, publicados ya una vez aprobados el 15 de septiembre de 2024, se debe a que se requiere en el país de una mejor administración de justicia, que el sistema con que contamos se encuentra rebasado, la vida que estamos teniendo de inseguridad pública, de violencia permanente en las calles de las poblaciones, al grado de que los linchamientos son una constante, la toma de autopistas y carreteras, manifestaciones en donde se destruyen los monumentos históricos, etc., es en parte, a esta administración de justicia sumamente rebasada, por ende, es que se requiera de un cambio de la estructura del Poder Judicial, esas son las justificaciones para poner en marcha este “experimento” en este mes de septiembre de 2025.
Pero, el problema principal es que no se escuchó a la academia, no se escuchó a las instituciones educativas, universidades, escuelas, no se escuchó a los escritores de libros de derecho, no se escuchó a nadie en pocas palabras, menos aun a los litigantes, colegios de abogados, estudiantes, profesores, es decir, se está poniendo en marcha un experimento sin mucho sustento teórico o académico, y entonces el desgobierno judicial será el resultado de este experimento que en números y dinero, habría que ir sumando cuanto ha costado desde su implementación con la publicación de esa reforma constitucional.
El desgobierno judicial, como lo cita el profesor español Alejandro Nieto García, esto es, el problema de la falta de impartición adecuada de justicia, que no es algo menor, es de lo que padecen muchas naciones, incluyendo desde luego México, pero que en este país en muchas áreas de la administración de justicia ha perdido ya la magnitud de la problemática con que se cuenta.
Con el paso del tiempo se podrá constatar que el problema en la administración de justicia, no eran los jueces y magistrados, el problema no era nada mas cambiarlos o elegirlos desde otro formato, ahora elegidos por la población, el problema es que, desde las universidades, desde las escuelas, no se está haciendo la tarea de forjar nuevos profesionistas, el problema es indudablemente el origen.
Y es que si analizamos lo que ha sucedido con el crecimiento de las necesidades de la población con el capitalismo que nos gobierna en el mundo, como se ha ido transformando y creciendo la especialización en el conocimiento humano, como se ha presentado la necesidad de enseñar el derecho, desde otra forma de hacerlo, que no sea la forma que estamos haciendo desde el siglo XIX, pues todas las universidades, facultades y escuelas de derecho, siguen enseñando el derecho con el mismo sistema que se llevó a cabo a partir de principios del siglo XIX en Francia, y eso ya no alcanza para que estos estudiantes sean, posteriormente, magistrados o jueces y tengan la labor de administrar justicia en esta actualidad tan compleja.
Así como hoy existen tantas ingenierías, los estudios de medicina, de arquitectura, todos estos conocimientos no se siguen dando como en el siglo XIX, por obvias razones, seria insuficiente dar esa misma forma de estudio en esas profesiones, pero resulta que en el derecho, como en muchas ciencias sociales, se siguen dando igual que hace doscientos años, cuando es evidente que las cosas en el mundo han cambiado, el resultado es obvio los abogados no están preparados para la realidad actual y por ello, vemos en las calles el desastre que existe con la administración de justicia, se insiste, el problema no es quienes son los magistrados y jueces, sino quienes son las instituciones educativas que siguen educando erróneamente a los alumnos con los mismos esquemas que los que corresponden al siglo XIX.
Para muestra un botón, en los programas de estudio de la licenciatura en derecho se le da prioridad a las ramas del derecho que versan sobre la seguridad jurídica y por ende, respecto a las regulaciones que tienen como sustento los derechos de libertad, sin embargo, a lo largo de las décadas hemos visto como, estos derechos han dejado de ser prioritarios, no significa que ya no sean de utilidad, pero no son los derechos prioritarios, hoy lo que corresponde es la protección de los derechos de igualdad, que se vinculan principalmente con una gran cantidad de áreas del derecho administrativo, el cual en la licenciatura en derecho, se ve solamente en bloque el tronco común, pero no por lo menos algunas sus ramificaciones.
Basta con citar el caso de la denominada “ley anti-lavado”, esa ley es de aplicación diaria, y resulta que no se estudia, ni se aborda, por lo menos en lo más elemental, pero tampoco es solamente sustituir unas materias por otras, sino reestructurar la enseñanza del conocimiento jurídico, que hoy solamente alcanza para generar más problemas y en la mejor de las ocasiones para contenerlos, sin embargo, ¿qué podemos esperar de estudiantes de derecho con sistemas del siglo XIX, que impartan justicia en el siglo XXI?, ya sea nombrados por examen, antigüedad o elección popular, la respuesta no es la forma de nombrarlos, es la forma de enseñar el derecho y como consecuencia como se imparte la justicia. (Web: parmenasradio.org)
