Pese a su conocido historial criminal, Antonio Valente Martínez, alias “El Toñín”, negó las acusaciones de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas en el campo que reportó la UIF. Para sustentar su defensa, mostró supuestos documentos de escrituras y préstamos, asegurando que las propiedades fueron adquiridas legalmente.
#ATENCION
— Bebeto Show (@lavozdepuebla2) December 9, 2025
Reaparece el (Afamado Agricultor) El Toñin en video y dice que no amenazó al Secretario de Gobernación, @SAMUELAGUILARPA
Dice que prefiere que su hija deje de ser presidenta de #Quecholac para que no la priven de l v1d4
¿Será que no quiere ser detenido? pic.twitter.com/v2iyoHT6oE
Para hacer sus pruebas más convincentes, afirmó que las propiedades están a nombre de su madre, Porfiria Valente. Se trata de aproximadamente 80 hectáreas utilizadas para la siembra en Palmarito Tochapan, Quecholac. El origen de los fondos, según Martínez, es el trabajo honesto de su madre en el campo, con escrituras que datan del 2 de marzo de 1981.
“No voy a inventar que [el dinero] se hizo vendiendo gelatinas; mi madre no usó prestanombres y no vivió del erario público”, declaró.
Lanza “El Toñín” acusaciones contra la UIF y el “Barbosismo”
Martínez se victimiza al señalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presuntamente bajo órdenes del exgobernador Barbosa en 2018, habría etiquetado los bienes de su madre, incluyendo las propiedades, su dinero en el banco HSBC, un rancho y un negocio de fertilizantes.
Explicó que su madre había solicitado dos préstamos por un monto de 3 millones 200 mil pesos para su rancho y para iniciar su negocio de fertilizantes.
Sin embargo, acusó que Miguel Barbosa los habría catalogado como negocios de procedencia ilícita, un señalamiento que considera “fabricado”.
“Mi madre empezó ese negocio. Cuando Barbosa dijo que había negocios de procedencia ilícita, yo, la verdad, sí… me duele”, lamentó.
Martínez volvió a insistir en la supuesta violencia ejercida en contra de su hija, Guadalupe Martínez, tras haber sido presuntamente agredida por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.
Por último, insistió en que “Lupita” Martínez no tenía la responsabilidad de mediar en la protesta ocurrida en la autopista Puebla–Orizaba, a pesar de que fue precisamente su hija, con una visible alianza con la familia Mier, quien finalmente se encargó de retirar a los manifestantes.
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