El director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero, lo separaron de su cargo luego de que un interno lo acusara públicamente de extorsión, amenazas y de presuntamente obligar a reos a salir del penal para cometer robos a gasolineras.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la separación busca garantizar que las investigaciones se desarrollen de manera “transparente, objetiva y apegada a la ley”, bajo la conducción de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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La decisión se tomó después de que circulara en redes sociales un video donde un interno denunció a Martínez y otros funcionarios del penal.
El reo solicitó apoyo a la presidenta, también expresó el temor por su vida y la de su familia. El video generó dignación y alarma entre la ciudadanía.
Mientras se llevan a cabo las indagatorias, la SSC designará a una persona para ocupar la dirección del penal de forma temporal.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate público las fallas estructurales del sistema penitenciario en Tlaxcala.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado cuenta con dos Ceresos estatales y cinco cárceles municipales, que en 2023 albergaban a aproximadamente 900 internos.
El Cereso de Tlaxcala ya había sido señalado anteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por deficiencias en el control de seguridad, atención médica deficiente y falta de separación entre procesados y sentenciados.
A nivel nacional, el problema es aún más preocupante.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 reveló que el 28 % de los centros penitenciarios del país operan bajo esquemas de “autogobierno” o “cogobierno”, lo que significa que internos o grupos organizados ejercen control parcial dentro de las cárceles, facilitando prácticas ilegales como las denunciadas en este caso.
