Los tentáculos del huachicol fiscal detectado por autoridades federales en Tamaulipas se extendieron a Puebla con la operación de una red de distribución de gasolina ilegal encabezada por políticos poblanos y sus juniors, quienes aprovecharon empresas fachada, piperos y bodegas para mover combustible que ingresaba por los puertos del estado fronterizo con la complicidad de mandos de la Marina.
Así lo revelaron fuentes del gobierno federal a Diario CAMBIO, quienes evidenciaron que las indagatorias que comenzaron en Tamaulipas y derivaron en aseguramientos de huachicol en Hidalgo, alcanzaron a Puebla donde se detectaron dos centros de almacenamiento donde se guardaba el combustible ilegal y posteriormente era distribuido en gasolineras poblanas.
El trasiego comenzó en los puertos de Tamaulipas, donde la mafia de los Marinos encabezada por el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Fraga y su hermano el contralmirante Fernando, permitió la entrada de gasolina irregular importada, que posteriormente se desplazó hacia el centro del país a través de una compleja logística de pipas, tractocamiones y empresas fachadas.
Aseguran almacenes y 4 gasolineras
Las investigaciones llegaron hasta Puebla y el pasado 10 de septiembre en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, en coordinación con la Marina, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la Gerencia de Inteligencia Logística de Pemex, aseguraron dos centros de almacenamiento y cuatro gasolineras que vendían el huachicol fiscal.
En las investigaciones previas se siguió el rastro de los distribuidores de huachicol fiscal hasta Puebla y se descubrió una red abastecedora con ramificaciones políticas que surtía a gasolineras locales, quienes comercializaban el combustible ilegal.
Los dos centros de almacenamiento identificados en la entidad poblana estaban localizados en San Francisco Ocotlán y otra en Chipilo, y fueron utilizados para concentrar los cargamentos que llegaban en pipas desde Tamaulipas. Desde ahí, las unidades eran enviadas a diferentes municipios para su venta a estaciones de servicio dispuestas a comprar gasolina más barata, sin importar su origen ilícito.
Transportes JWST en la mira
Entre los señalados figura Jorge Wenceslao Santiago Téllez, propietario de la razón social “JWST”, responsable de tractocamiones y pipas aseguradas. Se trata del hijo de Wenceslao Santiago Castro, exalcalde de Tecolutla, Veracruz, vinculado por autoridades federales con presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fuentes de la investigación señalan que su papel era crucial: proveer la flota de transporte y garantizar que el combustible circulara sin contratiempos en carreteras federales.
El delito, subrayaron las fuentes, no está únicamente en las gasolineras que adquirían el producto, sino en la estructura logística que permitió su traslado y almacenamiento: empresas pantalla, piperos contratados y bodegas que funcionaban como nodos de distribución. En esa cadena aparecen políticos poblanos y sus familiares, quienes aportaron sus empresas para la comercialización del hidrocarburo que entró ilegalmente al país.
Resultados del operativo en Puebla
El aseguramiento en Puebla incluyó cuatro gasolineras de las marcas Gemma y Oktan, así como oficinas corporativas en Ciudad Judicial, San Andrés Cholula, propiedad de Jorge Wenceslao Santiago Téllez, donde se halló documentación que prueba los vínculos con la red distribuidora. Pero, más allá de estas estaciones, lo que las autoridades federales exponen es que la verdadera operación criminal estaba en la distribución del huachicol fiscal, donde se mezclaron intereses políticos, empresariales y criminales.
El golpe dejó 12 detenidos, tractocamiones, pipas, bombas de trasvase y más de 80 mil litros de combustible asegurados. Con ello, el gobierno federal confirmó que Puebla se convirtió en un nodo estratégico de la red nacional de huachicol fiscal, con operadores locales que tejieron alianzas con la mafia de los Marinos en Tamaulipas para introducir y mover el combustible ilegal hacia el centro del país.
El escándalo del Huachicol Fiscal
De acuerdo a la indagatoria de la Fiscalía General de la República el esquema del huachicol fiscal estaba bajo la dirección del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el Contralmirante Fernando, ambos con intermediarios, daban el dinero a sus subordinados a cambio de dejar que hicieran la descarga ilegal de combustible.
Uno de los beneficiados habría sido Alejandro Torres Joaquín, quien hoy es un testigo protegido de la FGR, según su declaración entre abril de 2024 y enero de 2025 permitió el desembarco de 14 “huachi-buques” por los que recibió cerca de 24 millones 500 mil pesos.
Torres dijo que de cada entrega de 1.7 millones de pesos solamente entregaba 330 mil pesos a 6 de sus 11 subordinados y él era quien se quedaba con la mayor parte, aproximadamente 1 millón 420 mil pesos.
Es decir, de los 24.5 millones que recibían solamente repartía 4.7 millones y se quedaba con casi 20 millones de pesos.
Entre los funcionarios que recibieron ganancias de estas entregas se encuentran el Capitán Carlos Estudillo Villalobos, el Capitán Sergio Varela y Endira Xóchitl Palomo Chávez, quienes ya fueron detenidos junto con otros involucrados.
De acuerdo a Torres Joaquín, el dinero llegaba mediante el Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido con el alias de “NK” en la aplicación de Threema. Aunque nunca se conocieron en persona fue el intermediario de los Farías. Por el momento, Solano está prófugo.
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