El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, atajó las especulaciones sobre el paquete de reformas enviado al Congreso, aclarando que la figura del Mando Único Policial, contemplada tanto en la reforma al artículo 117 constitucional como en la nueva Ley de Seguridad Pública, no implica que el Gobierno del Estado asumirá el control de las corporaciones municipales.
🔴🙋♂️#Entérate | El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, puntualizó que la nueva Ley de Seguridad Pública no impone el Mando Único a los municipios, sino que regula su aplicación solo cuando el Ayuntamiento lo solicite.
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 1, 2025
Respecto a la seguridad personal para… pic.twitter.com/65TOQRrjxd
El funcionario precisó que la normativa busca establecer un marco jurídico transparente para intervenir únicamente en casos de emergencia o cuando un ayuntamiento lo solicite formalmente.
Durante la conferencia matutina del gobernador Alejandro Armenta, García Parra explicó que el paquete de iniciativas enviado al Congreso responde a un acuerdo nacional para armonizar la legislación local con la federal.
La intención de crear una nueva ley, dijo, es regular escenarios específicos donde la capacidad municipal se ve rebasada, evitando vacíos de autoridad y garantizando que, si el Estado toma el mando, lo haga con reglas claras y no mediante improvisaciones.
“No quiere decir que el gobierno va a asumir el mando único en los municipios, simplemente se establece la figura legal para que, en dado caso, en un supuesto que una autoridad municipal solicite la intervención del Estado, haya un marco jurídico que permita transparentar este proceso”, puntualizó.
El coordinador de gabinete subrayó que el objetivo central es dar continuidad a la prestación del servicio de seguridad pública en zonas críticas, protegiendo a la ciudadanía sin vulnerar la autonomía municipal. La reforma al artículo 117 constitucional y la expedición de la nueva normativa buscan blindar a los ayuntamientos frente al crimen organizado, ofreciendo una herramienta institucional de respaldo, no de subordinación forzosa.
Esta aclaración surge luego de que el gobernador Alejandro Armenta presentara la iniciativa que define tres hipótesis para activar el mando único: cuando no exista policía municipal, cuando el Consejo Estatal de Seguridad determine que la autoridad local está rebasada, o por petición directa del alcalde. García Parra insistió en que se trata de fortalecer la coordinación, no de centralizar el poder policial.
“Lo más importante es dar continuidad a la prestación de ese servicio de seguridad pública… Es una armonización en cuanto a lo que se aprobó ya en el Congreso de la Unión”, agregó el coordinador.
El paquete legislativo, que incluye modificaciones a más de 50 artículos, también contempla la reingeniería de la Fiscalía General del Estado (FGE) con nuevas áreas especializadas. Todo esto forma parte de la estrategia para alinear a Puebla con el modelo nacional de seguridad 2024-2030, buscando mayor eficacia operativa y respeto a los derechos humanos.
Finalmente, sobre la polémica de las escoltas para exmandatarios, García Parra desmintió categóricamente que se trate de un “regreso” de privilegios impulsado por la actual administración. Aclaró que la protección personal para exgobernadores es un derecho vigente en la ley desde 2012 (artículo 138) y que la única modificación propuesta es de lenguaje inclusivo, cambiando el término a “persona ex titular del ejecutivo” para contemplar la paridad de género.
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