Una revuelta ciudadana en el municipio de Quimixtlán, Puebla, dejó como saldo dos patrullas calcinadas, cinco policías retenidos y golpeados, además del supuesto robo de tres armas de fuego de los uniformados, luego de que pobladores acusaran a los agentes municipales de cometer extorsiones y abusos constantes contra la población, amparados por su jefe el alcalde José Martínez Pimentel.
🚨¡Tensión en Quimixtlán!
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 8, 2025
Habitantes de Tozihuic, en Quimixtlán, Puebla, incendiaron dos patrullas y retuvieron a cinco policías tras acusarlos de presuntas extorsiones y abusos.
Los hechos ocurrieron entre la madrugada del sábado, cuando una supuesta inspección a una… pic.twitter.com/nqOX8AUC6d
Los hechos ocurrieron entre la noche del viernes 7 y la madrugada de este sábado 8 de noviembre en la comunidad de Tozihuic, donde una revisión vehicular sobre la carretera realizada a una motocicleta por policías municipales desató la furia de los habitantes, quienes en principio increparon a los uniformados y posteriormente no les permitieron irse.
De acuerdo con los reportes, un grupo de uniformados interceptó una motocicleta para una supuesta inspección; sin embargo, vecinos de la zona denunciaron que se trataba de un nuevo intento de extorsión, práctica que —afirman— se ha vuelto común por parte de los elementos locales.
Ante la molestia y la negativa inicial de los policías de devolver la unidad, decenas de personas retuvieron a los policías, quienes pidieron apoyo, lo que atrajo a más unidades municipales. La llegada de refuerzos exacerbó el enojo y derivó en enfrentamientos: dos patrullas fueron incendiadas y cinco agentes quedaron retenidos. Tres de ellos resultaron con lesiones menores tras ser golpeados.
Durante la madrugada, elementos de la Policía Estatal, corporaciones de municipios vecinos y personal de la Secretaría de Gobernación estatal implementaron un operativo de contención y diálogo.
Gracias a la mediación, los policías retenidos fueron liberados y trasladados para recibir atención médica.
Entre los reclamos, los habitantes responsabilizaron al presidente municipal José Martínez Pimentel de tolerar las prácticas de extorsión cometidas por los policías a su cargo. Según los pobladores, los operativos de revisión vehicular se han convertido en un mecanismo de intimidación y cobro ilegal.
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