Este jueves 4 de septiembre, se cumplen cinco meses del inicio del juicio oral en contra de Javier López Zavala y sus presuntos cómplices, acusados del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ocurrido en mayo del 2022. El proceso arrancó el pasado 4 de abril en los tribunales de enjuiciamiento del penal de San Miguel, en la capital poblana, y desde entonces, se han realizado 42 audiencias con retrasos atribuibles a estrategias dilatorias de la defensa.
Helena Monzón, hermana de la víctima, ha representado legalmente a la familia y ha señalado en reiteradas ocasiones que la defensa del excandidato a la gubernatura, busca alargar las audiencias y frenar el desahogo de pruebas y testimonios, con el objetivo de retrasar la sentencia lo más posible. Pese a ello, continúan desfilando testigos y peritos en un proceso que podría extenderse al menos un par de meses más.
El feminicidio de Cecilia Monzón se registró el 21 de mayo del 2022, cuando la abogada fue perseguida en su automóvil y atacada a balazos en San Pedro Cholula. Por este hecho, la Fiscalía General del Estado señaló a Javier López Zavala como autor intelectual, mientras que Jair “N” y Silvestre “N” fueron procesados como presuntos autores materiales.
Además del proceso por feminicidio, el exdiputado y excandidato priista fue sentenciado el pasado 31 de mayo a seis años de prisión por el delito de violencia familiar, en agravio de Cecilia y del hijo menor que ambos tuvieron en común. Este fallo, aunque considerado limitado por la familia, representó un precedente judicial al reconocer formalmente el patrón de violencia que denunció la activista en vida.
En audiencias previas, Helena Monzón denunció retrasos recurrentes, como renuncias inesperadas de abogados defensores, incidentes de nulidad y la programación de sesiones en fechas sensibles, incluido el aniversario luctuoso de su hermana. La abogada ha señalado que estas prácticas constituyen una forma de revictimización procesal que afecta a la familia y retrasa la justicia.
El caso ha tenido un fuerte impacto social y político en Puebla y en el país, de él derivó la aprobación de la llamada Ley Monzón, que suspende automáticamente la patria potestad a padres sujetos a proceso penal por feminicidio o tentativa del mismo. Esta misma, fue presentada este pasado martes a nivel federal por la Diputada Nora Escamilla, como una medida de reparación simbólica y prevención frente a futuros casos de violencia de género.
Con cinco meses transcurridos desde el arranque del juicio y más de dos años desde el asesinato, la familia Monzón continúa exigiendo la pena máxima de 60 años de prisión para los responsables. El proceso se mantiene abierto en el Tribunal de Enjuiciamiento mientras colectivos y activistas siguen atentos a este caso.
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