El juicio por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón cumple ya siete meses en juicio, sin que hasta ahora se vislumbre una sentencia definitiva contra Javier López Zavala, ex candidato a la gubernatura de Puebla, señalado como presunto autor intelectual del crimen ocurrido en mayo de 2022.
La hermana de la víctima, Helena Monzón, volvió a denunciar la lentitud del proceso a través de redes sociales, donde lamentó que, tras 68 audiencias, su familia continúa sometida a un profundo desgaste emocional.
“Parece que las condenadas somos mi madre, mi familia y yo, y no los asesinos de Ceci”, escribió Helena Monzón en su cuenta de X.
Asimismo, relató que sigue cada audiencia a distancia junto con su madre, quien se conecta desde España. Durante los últimos meses, Helena ha documentado paso a paso las irregularidades, dilaciones y aplazamientos del proceso, destacando que, en diversas ocasiones, las sesiones se suspendieron por enfermedades o ausencias del abogado defensor de López Zavala.
Pese a los llamados del tribunal para agilizar el juicio, la defensa ha continuado presentando estrategias que, según Monzón, “solo buscan alargar lo inevitable”.
A principios de octubre, el Poder Judicial del Estado ordenó audiencias diarias, de lunes a viernes, con el objetivo de concluir el proceso en el menor tiempo posible. Sin embargo, el ritmo continúa siendo lento. Hasta ahora, se han desahogado pruebas periciales, testimoniales y materiales que acreditan las ubicaciones de los presuntos responsables mediante videos, mapas y registros de telefonía móvil.
De acuerdo con lo declarado por Monzón en días recientes, entre las pruebas más relevantes se encuentra la confesión de Jair N., uno de los coacusados, rendida ante un juez de control en 2022, en la que habría admitido su participación directa en el feminicidio. Aun así, las audiencias se han prolongado entre recesos y nuevos señalamientos de las defensas, lo que mantiene la sensación de estancamiento en el caso.
López Zavala permanece recluido en el penal de San Miguel, junto con Jair N. y Silvestre N., acusados como cómplices materiales. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado analiza su posible traslado a un penal federal por razones de seguridad y control penitenciario, en tanto el juicio continúa su curso sin una fecha clara para el fallo final.
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