Javier López Zavala, excandidato priísta a la gubernatura, se declaró “preso político” y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al agente del Ministerio Público Tonatiuh Gutiérrez Sánchez, a quien acusa de haber fabricado en su contra el delito de feminicidio de su ex pareja, la abogada y activista Cecilia Monzón siguiendo presuntamente órdenes del exgobernador Miguel Barbosa Huerta y del exfiscal Gilberto Higuera Bernal.
De acuerdo a información de Hipócrita Lector, López Zavala promovió una denuncia formal por el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad en agravio de la fe pública, la administración de justicia y de su propia persona. El señalado directo es Tonatiuh Gutiérrez Sánchez, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como “quien resulte responsable” de las presuntas irregularidades.
De acuerdo con el documento, el caso se remonta al 21 de mayo de 2022, cuando fue asesinada la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez. Por estos hechos se integró la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/HOMICIDIOS-1/9319/2022/FEIDVGCM/FEMI-I, a cargo de Gutiérrez Sánchez. Dentro de esa carpeta, el 22 de mayo de 2022 fue recabada una entrevista al propio López Zavala por la agente de la Policía Ministerial María Guadalupe Álvarez de la Cruz, diligencia que hoy el exfuncionario coloca en el centro de sus señalamientos.
En la denuncia ante la FGR, Zavala sostiene que hubo fabricación de delitos, creación de testigos falsos, falsificación de firma y falsedad en declaraciones para justificar su detención y posterior vinculación a proceso. Asegura que las “evidencias” construidas por el Ministerio Público no resisten contraste con los datos objetivos del caso, al afirmar que no hay coincidencia entre las sábanas de llamadas telefónicas de los acusados ni las actualizaciones o movimientos de los presuntos autores materiales, porque “nunca hubo una planeación entre sí ni participación alguna” en el feminicidio de Monzón.
También argumenta que no se cumplen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que exige la ley para acreditar su intervención en el delito.
El exsecretario de Gobernación atribuye directamente al MP Tonatiuh Gutiérrez haber actuado por consigna política, bajo instrucciones del exgobernador Miguel Barbosa y del entonces fiscal Gilberto Higuera, con el objetivo de inculparlo y encarcelarlo. En esa lógica, se presenta como víctima de una persecución y se asume como “preso político” del antiguo grupo gobernante en Puebla.
En su escrito, López Zavala solicita que la FGR designe a un agente del Ministerio Público de la Federación para iniciar una nueva carpeta de investigación por falsedad en declaraciones, y que éste se traslade al Cereso de Puebla para tomarle la ratificación de la denuncia. También pide que se gire oficio a la Policía Federal Ministerial para que investigue los hechos denunciados.
Como parte de las diligencias reclamadas, exige que Gutiérrez Sánchez remita copia cotejada de la entrevista que le fue tomada el 22 de mayo de 2022 y que obra en la carpeta de feminicidio, así como que el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento con jurisdicción estatal entregue copia certificada de los audios y videos de las audiencias del juicio oral 09/2025/JO/CENTRO-PONIENTE, derivado de la causa penal 233/2022/Cholula y su acumulada 235/2022, celebradas los días 26, 27 y 28 de octubre de 2025.
Además, el exfuncionario pide que “los verdaderos responsables” del feminicidio de Cecilia Monzón sean detenidos y reclama la “libertad inmediata” de los tres imputados en el proceso, entre ellos él mismo, al sostener que todo el caso se edificó sobre pruebas manipuladas y testimonios fabricados desde la Fiscalía poblana.
En el mismo documento, Javier López Zavala aprovecha para designar como su nueva asesora jurídica a Daniela Villa Herrera y solicita que se le tome protesta formal del cargo, argumentando que, debido a su reclusión, requiere representación legal para sostener la nueva ofensiva jurídica con la que busca deslegitimar la investigación que lo llevó a prisión y reconfigurar públicamente su papel en uno de los feminicidios más emblemáticos de los últimos años en Puebla.
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