La defensa de Javier López Zavala está retrasando los juicios por el feminicidio de Cecilia Monzón y por violencia familiar para retardar su regreso al Penal del Altiplano; una estrategia que ha mantenido en territorio poblano al ex candidato a la gubernatura.
Fuentes al interior del Tribunal informaron que el político priista permanece en Puebla gracias a un amparo, pero la orden de traslado al CERESO del Altiplano se ejecutará en cuanto concluyan sus juicios.
Esta maniobra legal explica la serie de retrasos que han marcado la recta final del proceso. Apenas la semana pasada, el Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal revocó la sentencia de seis años de prisión que ya se le había dictado por violencia familiar, ordenando reponer la última audiencia del juicio oral. Este fallo obliga a presentar nuevamente los alegatos de clausura y a dictar una nueva sentencia, ganando tiempo valioso para el imputado en el penal de San Miguel.
De acuerdo con la información proporcionada, López Zavala fue enviado de regreso a la cárcel de Puebla debido a un amparo que impide su traslado mientras sus procesos estén activos en la entidad. Sin embargo, la estrategia de seguridad estatal mantiene como prioridad su reubicación al CERESO del Altiplano, debido a los antecedentes de operatividad ilícita que el ex funcionario ha intentado ejercer dentro del reclusorio local.
Bajo esta lógica, las constantes “enfermedades” de sus abogados defensores y los cambios repentinos de defensa legal, que han provocado la suspensión de múltiples audiencias en el caso del feminicidio, no serían hechos fortuitos, sino tácticas calculadas para alargar su estancia en el estado. Helena Monzón, hermana de la víctima, ha denunciado reiteradamente estas prácticas dilatorias que han llevado el juicio a extenderse por más de 70 audiencias.
El reciente revés judicial en el caso de violencia familiar, donde el Tribunal anuló la condena bajo el argumento de que la denuncia escrita de Cecilia Monzón “debió ser leída” en audiencia por quien la recibió en Fiscalía y no solo incorporada, encaja en esta dinámica de postergación. Esto obliga a las víctimas indirectas a pasar nuevamente por el proceso de una audiencia final, lo que la familia Monzón ha calificado como una revictimización y un “desprecio del Estado de Puebla hacia las mujeres”.
El juicio contra Javier López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón inició el 4 de abril de este año. A la fecha se han realizado 72 audiencias, y la queja constante de la familia de la víctima ha sido las estrategias dilatorias. “Casi y repito el número (de audiencia) de la de ayer, porque no se desahogó prueba”, escribió Helena Monzón en su cuenta de X, enfatizando una vez más que el avance fue muy lento.
Mientras la defensa de Zavala juega con los tiempos procesales para evitar la prisión federal, la SSP se mantiene firme en que el traslado es una medida operativa necesaria para garantizar la gobernabilidad del penal de San Miguel, donde se le ha señalado por intentar realizar cobros y extorsiones a otros internos.
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