Los diputados de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla aprobaron la reforma para sancionar delitos relacionados con ciberseguridad, aplicando penas de hasta ocho años de prisión.
🙋🏻♂️🙋🏻♀️Diputados de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprueban la reforma para sancionar ciberseguridad con pena máxima de ocho años de prisión. La propuesta fue presentada en noviembre de 2024 por José Luis García Parra ex diputado y coordinador de gabinete… pic.twitter.com/1tJf1GmCGc
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 11, 2025
La propuesta fue presentada en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, exdiputado local y coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta.
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La reforma tiene como propósito modificar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, con el fin de establecer nuevos tipos penales relacionados con el uso indebido de tecnologías de la información y la comunicación.
La iniciativa contempla sancionar el grooming digital, es decir, a quienes, mediante medios digitales, establezcan contacto con menores de edad o personas incapaces con el fin de generar vínculos de confianza que permitan manipulación emocional o chantaje con fines sexuales.
Asimismo, plantea castigar la suplantación de instituciones financieras, que ocurre cuando las personas se hacen pasar por instituciones o empleados de entidades financieras a través de plataformas digitales, con el propósito de obtener datos personales o información confidencial de los usuarios.
La propuesta también contempla sanciones por realizar espionaje digital, definido como el acceso no autorizado a equipos o sistemas informáticos con el objetivo de obtener información personal o documentos digitales sin el consentimiento del titular.
Incluye, además, penalizar el ciberasedio, descrito como el acoso reiterado a través de medios digitales, cuando este cause afectaciones a la integridad física o emocional de la víctima, con una agravante cuando se trate de menores de edad.
Esta iniciativa de reforma responde al incremento de delitos cometidos en medios digitales, como fraudes, robo de identidad y acoso, y busca establecer un marco legal que permita su persecución efectiva, brinde protección a las víctimas y fortalezca la ciberseguridad en el entorno digital.
La propuesta de García Parra está enfocada en proteger a grupos vulnerables —niños, adolescentes y adultos mayores—, reducir pérdidas económicas por fraudes electrónicos, modernizar el sistema judicial para investigar delitos digitales y, además, fomentar la denuncia ciudadana al contar con figuras penales claras.
Tras su aprobación en comisiones, será turnada al Pleno del Congreso del Estado, donde los 41 diputados analizarán su aprobación.