La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con la cual se abre paso a la disolución del ITAIP y se otorgan las facultades de transparencia a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, conforme a la iniciativa presentada por el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier.
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— Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 25, 2025
El gobernador presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para la disolución del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (ITAIP) en la Ley Orgánica de la Administración Pública, el pasado 20 de febrero. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la encargada de proponer las políticas en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto.
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Esta iniciativa plantea que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá las siguientes funciones, anteriormente a cargo de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración:
- Se podrá solicitar información sobre gastos y temas del gobierno de manera directa, eliminando intermediarios como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
- Se propondrán las políticas en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto en el Gobierno del Estado.
- Se verificará la integración de las unidades de transparencia y la constitución de los comités de transparencia en las dependencias.
- Se coordinarán los procedimientos de atención y acciones de trámite en materia de transparencia.
- Se dará seguimiento a las acciones de los sujetos obligados sobre este tema ante la instancia correspondiente.
El gobernador del estado podrá reorganizar la estructura de las secretarías mediante la creación, fusión o disolución de unidades administrativas y oficinas necesarias.
Los asuntos pendientes de resolución en materia de obligaciones de transparencia pasarán de la Secretaría de Administración a la Secretaría Anticorrupción en un plazo máximo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la reforma.
