La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumió las atribuciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), luego de que las Comisiones Unidas de Gobernación, Transparencia y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla aprobaran la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
🔴#Entérate | Durante las Comisiones Unidas de Gobernación y Transparencia, aprobaron la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para la creación del organismo descentralizado dentro de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para tomar las… pic.twitter.com/jHQpLKfOa9
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) July 9, 2025
Esta iniciativa, presentada por el gobernador Alejandro Armenta Mier a través del coordinador de gabinete José Luis García Parra el 18 de junio, fue avalada mayoritariamente por Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, con la única oposición de la diputada panista Susana Riestra Piña.
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Con la extinción del ITAIPUE, oficializada el pasado 29 de mayo, la nueva Ley de Transparencia establece que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la autoridad encargada de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales dentro de la administración pública estatal, ayuntamientos y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.
Este organismo desconcentrado creado tendrá la responsabilidad de resolver recursos de revisión, vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, asesorar a los sujetos obligados y coordinar acciones con los poderes del estado, ayuntamientos y órganos autónomos. Además, dará seguimiento a las solicitudes de información y emitirá recomendaciones y sanciones cuando proceda.
En este nuevo esquema, las autoridades garantes en materia de transparencia incluyen al Órgano Administrativo Desconcentrado, órganos encargados de contraloría interna en los poderes Legislativo y Judicial, órganos internos de control de órganos constitucionales y autónomos, el Instituto Electoral del Estado (IEE) para supervisar a partidos políticos con registro estatal, y el Tribunal de Arbitraje para asuntos relativos a sindicatos.
La reforma cumple con las disposiciones federales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2024 y marzo de 2025, que reconfiguraron el Sistema Nacional de Transparencia tras la desaparición del INAI y la creación de nuevos mecanismos para garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales.
Además, se establece la creación del Subsistema de Transparencia del Estado de Puebla, que coordinará acciones entre poderes y entes autónomos, y formará parte del Sistema Nacional de Transparencia, con funciones de vigilancia, evaluación y vinculación con la política nacional de transparencia.
La nueva Ley también introduce el concepto de transparencia con sentido social, orientado a que los sujetos obligados publiquen información útil y relevante para sectores específicos de la población, promoviendo la participación ciudadana y el acceso a datos en formatos abiertos, accesibles y reutilizables.
Finalmente, se señaló en el dictamen que esta reforma no reduce ni cambia los derechos de los ciudadanos ya previstos en las leyes en materia de transparencia.
Tras su aprobación en comisiones, la iniciativa pasará al Pleno del Congreso del Estado de Puebla para su discusión y eventual ratificación.