Los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado con la que se le otorgan las facultades de Transparencia a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mismas que tenía la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración; con esto, la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier abre el camino para la disolución del Itaip.
Fue el pasado 20 de febrero cuando el titular del Ejecutivo envió esta iniciativa al Congreso local con la que busca reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública en el Estado de Puebla.
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Dicha iniciativa plantea que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asuma diversas funciones, que actualmente corresponden a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración
Entre ellas, se podrá́ solicitar la información sobre gastos y temas del gobierno de manera directa, por lo que se eliminan los intermediarios como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Propondrá las políticas en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto del Gobierno del Estado.
Verificará la integración de las unidades de transparencia y la constitución de los comités de transparencia de las dependencias.
Coordinará los respectivos procedimientos de atención y acciones de trámites, en materia de transparencia.
Dará seguimiento a las acciones de los sujetos obligados sobre este tema a la instancia correspondiente.
Además, de acuerdo con la reforma, el gobernador del Estado, podrá reorganizar la estructura de las secretarías con la creación, fusión o disolución de las unidades administrativas y oficinas necesarias. Con esto abre el camino para la disolución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública (Itaip).
Asimismo, de acuerdo con la iniciativa del gobernador, los asuntos pendientes de resolución en materia de obligaciones de transparencia pasarán de la Secretaría de Administración a la Secretaría Anticorrupción, en un plazo máximo de 90 días a partir de que entre en vigor la reforma.
