La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cumplió con su advertencia y promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla, pese al parche legislativo que se aplicó al artículo 480 del Código penal para redefinir el delito de Ciberasedio.
Dentro de los estrados electrónicos de la página de la Suprema Corte de Justicia del país se encuentra el expediente 76/2025 promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se suma al 75/2025 que fue promovido por la dirigencia nacional del PAN, por lo que son dos procesos en contra de la ley del Ciberasedio.
➡️ Únete a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado al estilo de DIARIO CAMBIO
Aunque el documento no detalla aún los artículos exactos impugnados, se presume que el recurso legal está enfocado en cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Ciberseguridad del Estado de Puebla, particularmente en lo relativo al delito de ciberasedio.
Esta figura fue aprobada por el Congreso local el pasado 12 de junio y reformada posteriormente el 10 de julio tras la controversia generada en medios y redes sociales por su posible uso como mecanismo de censura. El texto modificado fue publicado al día siguiente en el Periódico Oficial del Estado, entrando en vigor de manera inmediata.
De acuerdo con la reforma, se considera ciberasedio a la conducta de quien, de manera reiterada o prolongada, insulte, injurie, ofenda o agravie a otra persona a través de medios digitales.
Sin embargo, organizaciones civiles, periodistas y defensores de derechos humanos advirtieron que la redacción inicial era ambigua y podía criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo críticas legítimas a figuras públicas.
La CNDH ya había manifestado públicamente su preocupación por esta reforma, y tras un análisis jurídico, decidió presentar el recurso ante la Suprema Corte para que se evalúe su constitucionalidad. El caso ahora está en manos del máximo tribunal, que deberá determinar si la legislación poblana contraviene derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna.
