El segundo Foro sobre Ciberseguridad en Puebla con enfoque en la libertad de expresión, se realizó en el Congreso del Estado la tarde de este viernes, y convocó a diputados, colectivos sociales, periodistas, especialistas en seguridad digital y víctimas de ciberacoso.
Durante el foro los asistentes expresaron sus posiciones y postura acerca de los alcances de la Ley de Ciberseguridad, en particular sobre el tema de Ciberasedio, que ha generado debate por posibles afectaciones a la libertad de expresión.
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El abogado Juan Manuel Chi Carrera, uno de los exponentes que participaron en el foro, destacó que estas reformas a la ley eran necesarias, y consideró positivo convocar a encuentros de este tipo para incorporar los elementos que sean necesarios para mejorarla.
“Para eso son estos foros, darle cabida a la sociedad (…) por eso están acá los especialistas (…) quiero resaltar que ningún derecho es absoluto, la libertad de expresión debe protegerse, reconozco que esta reforma tiene muchos puntos a favor y era necesaria” expresó Chi Carrera.
Durante las participaciones en el edificio legislativo, se proyectaron diferentes testimonios de quienes han sido víctimas del Ciberasedio, un delito que no estaba tipificado antes de la entrada en vigor del nuevo decreto.
Asimismo, el coordinador general de análisis de información de la FGE, Gabriel Alonso Haro declaró que la Fiscalía, a partir de una visión humanista, ya está contactando a las víctimas para formalizar denuncias y realizar actos de investigación en los casos previstos por la reforma de Ciberasedio.
“Las denuncias en redes sociales no son entendidas como insultos, cuando existe una noticia de esta naturaleza, la fiscalía, con visión humanista, contacta a la víctima a efecto que se formalice sus denuncias y se realicen actos de investigación para que se justifiquen los hechos” expresó.
Estos foros sobre ‘La Ciberseguridad en Puebla’ fueron organizados tras la aprobación y promulgación de reformas a la ley en esa materia. Fue el gobernador Alejandro Armenta quien solicitó a los legisladores abrir un espacio de diálogo público, ante los señalamientos surgidos por posibles afectaciones a la libertad de expresión que esta ley pudiera implica.
