La diputada local del PRI, Delfina Pozos, acusó una estrategia de simulación y encubrimiento para evitar la rendición de cuentas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de que se cancelaran sesiones convocadas para la presentación de su informe anual ante el Congreso del Estado de Puebla.
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— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 20, 2025
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora señaló que la ley obliga a la presidencia del organismo a presentar de manera pública su informe anual ante el Poder Legislativo, y advirtió que sustituir este ejercicio por la entrega de un documento por escrito sin preguntas ni debate viola el principio de rendición de cuentas.
Pozos recordó que al menos dos sesiones programadas para dicho informe fueron canceladas sin una explicación de fondo, y afirmó que la decisión de cerrar el espacio de comparecencia no es un error administrativo, sino una determinación política para evitar el escrutinio público.
“Eso no es rendición de cuentas”, sostuvo desde tribuna.
La diputada priista responsabilizó a Morena y a sus aliados de permitir esta situación, al considerar que se protege a una institución que presenta bajos resultados y se debilita su función como garante de los derechos humanos en el estado.
En su intervención, citó una evaluación reciente de la Universidad Iberoamericana Puebla, que calificó el desempeño de la actual titular de la Comisión como prácticamente inexistente, al reportar apenas un 0.7 por ciento de resolución de quejas. Señaló que, en lugar de aclarar estos resultados, se optó por cancelar sesiones y cerrar el debate legislativo.
Pozos subrayó que la presentación del informe no es una comparecencia extraordinaria, sino un ejercicio anual obligatorio que históricamente se ha realizado de manera pública ante el Congreso, por lo que modificar el procedimiento y posponerlo “hasta nuevo aviso” constituye, dijo, un agravio institucional.
Finalmente, exigió que la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acuda al Congreso del Estado y cumpla con la ley, al señalar que el acceso a la información y la rendición de cuentas también son derechos humanos que deben garantizarse.
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