El encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, entregó a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso de Puebla los 325 informes individuales y los dos informes generales correspondientes a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023.
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— Diario Cambio (@Diario_Cambio) April 30, 2025
Durante su presentación, Teomitzi Sánchez informó que la fiscalización abarcó un total de 325 entes públicos: los tres poderes del Estado, cinco organismos autónomos, 66 entidades paraestatales, 217 ayuntamientos, 25 sistemas operadores de agua y 30 entes paramunicipales. En conjunto, se revisó el ejercicio de 41 mil 651 millones 767 mil 677 pesos, de los cuales se auditó una muestra de 35 mil 472 millones 687 mil 388 pesos, lo que equivale al 85.16 por ciento del total de recursos fiscalizables.
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El funcionario precisó que las auditorías generaron 5 mil 224 hallazgos en materia de cumplimiento financiero y 10 mil 718 observaciones en auditoría de desempeño. De estas últimas, el 85 por ciento correspondió a entes municipales, con 8 mil 164 en ayuntamientos, 148 en entes paramunicipales y 856 en sistemas operadores de agua. Las restantes 1 mil 550 observaciones se ubicaron en entes estatales.
El 54.2 por ciento de los resultados financieros y de desempeño siguen pendientes de solventar, es decir, 2 mil 830 de los hallazgos no han sido atendidos. En contraste, 2 mil 394 ya fueron aclarados o justificados por los entes fiscalizados.
“Más del 50 por ciento considerando de lo que les notificamos, tanto los entes de orden Estatal como Municipal… Ese 50 por ciento se quedó pendiente de solventar que es lo que quedó en notificaciones, el plazo que tienen ahorita son 30 días hábiles, entregamos a la comisión los informes correspondientes y después ya están públicos en internet, tenemos que notificar oficialmente a los entes para que ellos puedan presentar la información”, expresó el encargado de despacho de la ASE.
La ASE dispone de 20 días hábiles para notificar oficialmente a los 325 entes, contados a partir de la entrega formal a la Comisión. Una vez notificados, cada ente contará con un plazo de 30 días hábiles para presentar la información y documentación necesarias para justificar, aclarar o solventar las observaciones formuladas. Teomitzi reconoció que, en muchos casos, será indispensable la colaboración de exfuncionarios de administraciones anteriores para atender los requerimientos.
Durante su exposición ante los legisladores, encabezados por el diputado Miguel Trujillo y la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, Teomitzi destacó que por primera vez los informes contienen el desglose metodológico que fundamenta cada una de las acciones derivadas de la fiscalización. La ASE explicó, por ejemplo, cómo se aplicaron revisiones integrales a ingresos, egresos, obra pública, control interno y desempeño presupuestario.
El documento también reporta las regiones con mayor número de observaciones. En materia de desempeño, la Sierra Norte acumuló 1,396 observaciones, es decir 17.1 por ciento; seguida por la Mixteca con el 22.9 por ciento; la región de Valle de Serdán con el 18.9 por ciento, y la región de Angelópolis con el 10.3 por ciento. En materia de pliegos de observación, Angelópolis lidera con 539, seguida por Valle de Serdán con 328 y la Sierra Norte con 255.
En el ámbito estatal, se registraron únicamente 26 pliegos de observación, frente a los mil 980 detectados en los municipios. En total, los municipios concentraron el 96 por ciento de los pliegos emitidos por la ASE. Las deficiencias más comunes identificadas en ambos niveles de gobierno fueron la debilidad en los mecanismos de control interno y fallas estructurales en la programación presupuestaria.
Teomitzi advirtió que, si después del plazo legal de 30 días las observaciones no se solventan, estas quedarán firmes. En consecuencia, la ASE iniciará las investigaciones correspondientes, lo que podría derivar en sanciones administrativas o penales. Estas acciones se canalizarán al órgano interno de control, al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Anticorrupción del Estado, según corresponda.
“Hoy nuestro llamado también como institución de manera muy responsable es a que quienes están actualmente en la titularidad de los entes… generen las condiciones institucionales para que en un marco de respeto permitan que cada uno de los ex funcionarios… se acerquen y presenten o coadyuven a la integración de la información”, exhortó Teomitzi ante los legisladores y medios presentes.
