El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, impugnó ante un tribunal federal la suspensión provisional que frena la aplicación del artículo 480 del Código Penal estatal, relacionado con la reforma sobre ciberasedio. La medida fue otorgada la semana pasada a un investigador que alertó sobre el riesgo de que esta norma se utilice como un instrumento de censura y vulneración a la libertad de expresión.
El pasado 1 de julio, el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en Puebla concedió una suspensión provisional a favor del investigador y académico Roberto Celaya Figueroa, quien promovió un amparo al considerar que la ley representa una amenaza directa a su derecho a la libre expresión, tanto como ciudadano como académico.
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La suspensión impide, de manera temporal, que se le aplique esta disposición del Código Penal mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo. No obstante, el fallo judicial únicamente protege al promovente, sin invalidar la ley en general.
En respuesta, la Consejería Jurídica del Estado presentó el 4 de julio una queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con el fin de revocar la suspensión concedida a Celaya. El argumento central del gobierno es que dicha suspensión afecta el interés público, al obstaculizar la persecución de delitos que, aseguran, han ido en aumento en plataformas digitales.
La legislación aprobada por el Congreso de Puebla en junio, estableció en el artículo 480 del Código Penal estatal, penas de hasta tres años de prisión a quien, mediante el uso de medios digitales, insulte, ofenda o agrave a otra persona con la insistencia suficiente para causarle daño físico o emocional. Su objetivo es combatir delitos como el ciberacoso, particularmente en redes sociales.
Sin embargo, desde su publicación, algunos académicos, periodistas y organizaciones de derechos humanos han advertido que los términos empleados en la redacción pueden ser ambiguos y subjetivos, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales y posibles abusos de poder contra la crítica ciudadana.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evalúa presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El anuncio ocurre luego de que la Red de Periodistas Puebla entregara una solicitud formal al organismo, alertando sobre los riesgos de criminalizar el ejercicio periodístico y la crítica pública.
