La Unidad Técnica de la ASE Puebla investiga presuntas irregularidades durante la gestión de la ex auditora general Amanda Gómez Nava, por las irregularidades de una camioneta blindada y la contratación de servicios de alimentos mediante adjudicación directa en 2023 informó la diputada Norma Pimentel.
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— Diario Cambio (@Diario_Cambio) August 29, 2025
Dependiendo del avance en los procesos legales, Amanda Gómez Nava podría convertirse en la segunda funcionaria del gobierno de Miguel Barbosa en ser procesada. La primera fue María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas, quien enfrentó investigaciones por perder más de 600 millones de pesos por la quiebra del Banco Accendo y su posible responsabilidad en el desfalco al erario público.
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La diputada Norma Pimentel dio a conocer que la Unidad Técnica de la ASE Puebla investiga presuntas irregularidades durante la gestión de la ex auditora general Amanda Gómez Nava, las cuales son la adquisición sin licitación y con sobrecosto de una camioneta blindada valuada en 2 millones 897 mil 680 pesos, así como la contratación de servicios de alimentos por un monto de 984 mil 971 pesos, ambos mediante adjudicación directa en 2023.
Además, la legisladora dio a conocer que las indagatorias alcanzan también a cinco directores del Órgano de Fiscalización Superior del estado.
“Se realizaron por adjudicación directa, lo que ya de por sí resulta cuestionable dada la magnitud de los montos, y además se detectaron posibles sobreprecios” dio a conocer Norma Pimentel.
Pimentel Méndez señaló que una vez que concluyan las investigaciones en una semana se determinará si se acude a la Fiscalía para presentar denuncias penales, también podría haber sanciones administrativas de inhabilitación o recuperación de los montos.
La investigación también alcanza a cinco directores del Órgano de Fiscalización Superior de Puebla, quienes habrían participado en las decisiones administrativas que ahora son objeto de análisis por la Unidad Técnica de la ASE.
No se ha revelado la identidad de estos funcionarios, pero se presume que forman parte de las áreas operativas clave del órgano fiscalizador.
