Ante el Congreso del Estado se presentó una iniciativa que propone una reforma integral a la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar, con el propósito de actualizar el marco jurídico vigente desde 2001, incorporar lenguaje incluyente, reforzar la coordinación entre autoridades estatales y municipales y fortalecer al Sistema Estatal DIF. Esta propuesta fue impulsada por los diputados Leonela Jazmín Martínez Ayala y Pavel Gaspar Ramírez.
La iniciativa incorpora términos más humanos e incluyentes, especialmente respecto a personas con discapacidad, adultas mayores y quienes se encuentran bajo tutela o cuidados especiales. Uno de los ejes centrales de la propuesta es el fortalecimiento de las tareas del Sistema Estatal DIF. El documento plantea que las Delegaciones Regionales asuman un papel más activo en la implementación, difusión y seguimiento de esta Ley en todo el territorio poblano, con el fin de garantizar una atención más cercana y efectiva a las víctimas.
Mayor participación municipal y coordinación
Asimismo, la reforma propone un papel más robusto para los Ayuntamientos, que deberán elaborar y evaluar un Programa Municipal para la Atención de la Violencia Familiar y, además, instalar un Consejo Municipal encargado de coordinar acciones de prevención, atención y seguimiento. Este organismo estaría integrado por autoridades municipales y representantes de la sociedad civil, y tendría entre sus funciones generar estadísticas locales, impulsar campañas de prevención y fortalecer la ruta de atención inmediata.
La iniciativa también reorganiza atribuciones entre dependencias estatales para evitar duplicidades. En este sentido, se deroga una fracción del artículo 27 para redistribuir funciones y mejorar la operatividad de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva, que conservará su responsabilidad de difundir la Ley y comunicar los casos que conozca.
De acuerdo con los legisladores, estos ajustes dotarán a Puebla de un marco legal más claro, moderno y acorde a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Además, permitirán una actuación más articulada entre los distintos niveles de Gobierno, lo que se traducirá en una atención más rápida, eficiente y con mayor alcance territorial.
La iniciativa fue presentada el 14 de noviembre de 2025 ante la Mesa Directiva del Congreso y turnada a comisiones para su análisis.
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