Diputados de Morena reactivarán la iniciativa presentada José Luis García Parra en noviembre del año pasado, siendo diputado local, en la que se establecen penas de uno a tres años de prisión por el delito cibernético de ciberacoso y los diferentes tipos de ciberfraude que incluyen el robo de identidad, por primera vez en el país.
A través de la iniciativa presentada por el ahora coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta, se busca detener el crecimiento de delitos digitales en la entidad y fortalecer a la Policía Cibernética, estructura institucional encargada de combatirlos.
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Como parte de la reforma propuesta, incluye la incorporación de cinco figuras clave al Código Penal, que permitirán abordar de forma más específica y eficaz los delitos informáticos:
- Grooming Digital: Sancionará a quien se haga pasar por menor de edad mediante Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), contacte a niñas, niños o adolescentes con el fin de ganar su confianza para luego acosarlos o chantajearlos con fines sexuales.
- Usurpación de Identidad: La persona que obtenga, transfiera o use datos personales sin consentimiento mediante TICs se le castigará de uno a cuatro años de prisión y multa de hasta 200 UMAs. Si tiene el objetivo de obtener un lucro económico, se aplicarán sanciones más severas conforme al artículo 403.
- Fraude Electrónico Se integrarán cinco modalidades delictivas:
- Phishing: Correos o mensajes falsos simulando instituciones financieras.
- Smishing: Fraude mediante mensajes SMS.
- Pharming: Redireccionamiento web fraudulento.
- Vishing: Llamadas falsas para obtener datos bancarios.
- Evil Twins: Creación de redes Wi-Fi falsas para robar información.
- Espionaje Digital: Ingreso no autorizado a sistemas informáticos para acceder a información personal será penado de uno a tres años de prisión y multa de hasta 250 UMAs.
- Ciberacoso: Utilización de medios digitales para ofender, insultar o agredir reiteradamente a una persona hasta afectar su salud emocional. Esta figura es inédita a nivel nacional y tendrá sanción equivalente al espionaje digital.
El objetivo de la reforma presentada por García Parra, no solo amplía el catálogo de delitos informáticos, sino que también establece penas privativas de libertad específicas, multas económicas y la posibilidad de aplicar agravantes en caso de lucro o reincidencia.
La iniciativa también contempla mayor inversión en capacitación y herramientas tecnológicas para este cuerpo especializado, con el fin de hacer frente a amenazas como hackeos, phishing, malware y acoso en línea.
De esta manera, García Parra enfatizó que la libertad en el entorno digital solo puede garantizarse si existe una protección efectiva frente a los riesgos del ciberespacio, y que es deber del Estado actualizar sus leyes para salvaguardar los derechos de sus ciudadanos en este nuevo escenario tecnológico.
La iniciativa tiene como objetivo: proteger a grupos vulnerables niños, adolescentes y adultos mayores, reducir pérdidas económicas por fraudes electrónicos, modernizar el sistema judicial para investigar delitos digitales y además fomentar la denuncia ciudadana al contar con figuras penales.
