La diputada federal de Morena y viuda del exgobernador Miguel Barbosa, Rosario Orozco Caballero, salió en defensa de la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, sancionada por el quebranto de más de 600 millones de pesos derivado de la quiebra de Banco Accendo, al asegurar que no hubo desvío de recursos y que los señalamientos en su contra responden a un ataque político organizado, cuyo origen —sugirió— se encuentra al interior de Morena.
🙋♀️🔴#TeCuento | La diputada federal Rosario Orozco salió en defensa de la exsecretaria de Finanzas,del gobierno barbosista, Teresa Castro Corro al asegurar que fue víctima de un ataque político por el caso del quebranto del Accendo Banco y el desfalco por más de 600 millones de… pic.twitter.com/hiBFbfVno3
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 13, 2025
En entrevista, Orozco sostuvo que la colocación de recursos públicos en Accendo no fue una decisión individual, sino una determinación institucional de la Secretaría de Finanzas, tomada cuando el banco operaba con normalidad y ofrecía rendimientos al estado.
“A ver, Banco Accendo fue una decisión que se tomó por parte de la Secretaría de Finanzas. Fue una decisión; había un banco que funcionaba, que daba rendimientos y demás. No era un dinero que se desvió”, afirmó.
Rosario Orozco insistió en que no existió desviación de recursos, al argumentar que el dinero permaneció dentro del sistema financiero y nunca fue apropiado por funcionarios.
“No hubo desviación, porque dicen desviación. ¿Desviación? Desviación sí, si se lo hubieran llevado a su casa. Ahí estaba, estaba eso”, sostuvo.
La legisladora explicó que los recursos correspondían a los llamados “barridos”, un mecanismo financiero para concentrar temporalmente dinero no ejercido por las dependencias.
“Era un dinero que ellos le llaman los barridos, porque si una secretaría no ejerce en ese momento, van y luego los van reubicando”, señaló.
Orozco también defendió que Accendo no era un banco en quiebra al momento de la inversión y que su colapso ocurrió posteriormente por causas ajenas al gobierno estatal.
“Si ustedes recuerdan la historia de Accendo, no era un banco en quiebra, ¿verdad? Un banco que tuvo problemas de otra historia”, afirmó.
Además, subrayó que la responsabilidad fue colegiada, no personal, y recordó que la secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero, era parte de ese mismo equipo.
“No fue la secretaria. Fue la secretaría, cuerpo que platica, que habla y que decide. Si no, pregunten a la actual secretaria, que pertenecía a ese equipo”, lanzó.
Cuestionada directamente sobre si las investigaciones contra Castro Corro constituyen un ataque político, Rosario Orozco fue tajante:
“Claro que sí. Fue organizado, fue un ataque político en contra de ella, pero es una investigación que debe hacerse administrativamente. Se resolvió en primera instancia; vendrán las demás”, dijo.
Sobre el origen de los señalamientos y ante la pregunta de si se trata de fuego amigo dentro de Morena, la diputada descartó que provengan del actual gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta, pero dejó entrever que se gestaron en el pasado sexenio. “Del gobierno de Alejandro Armenta no… del partido Morena”, respondió.
Accendo, el legado de corrupción de Barbosa
El caso Accendo ha sido uno de los mayores escándalos financieros heredados del barbosismo. El quebranto a las finanzas estatales supera los 604 millones de pesos, luego de que recursos públicos fueran invertidos en la institución bancaria, que quebró meses después de recibir los depósitos del erario.
A finales de octubre, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJAEP) impuso una sanción histórica de 20 años de inhabilitación y una multa superior a 362 millones de pesos a María Teresa Castro Corro, al declararla responsable del fraude relacionado con Banco Accendo.
El propio TJAEP emitió una segunda resolución por el mismo escándalo financiero, en la que también fue sancionado José Enrique Girón Zenil, colaborador directo de Castro Corro y entonces subsecretario de Egresos durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
De acuerdo con la sentencia definitiva, Girón Zenil fue declarado responsable de daño patrimonial al Gobierno del Estado por 604 millones 996 mil 131 pesos, derivados de la inversión ilegal de recursos públicos en Banco Accendo.
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