El Congreso del Estado de Puebla puso punto final a una etapa de seis años marcada por inestabilidad y polémicas en la Auditoría Superior del Estado (ASE) con el paso de Francisco Romero Serrano, Amanda Gómez Nava y Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, al aprobar la convocatoria para designar a un nuevo titular que permanecerá en el cargo durante seis años.
La etapa turbulenta se registró en tres gestiones: la de Paco Romero por de 2 años 4 meses, quien fue destituido tras ser vinculado a procesos judicial por una persecución política del ex gobernador Miguel Barbosa. La de Amanda Gómez Nava, ex secretaria de la Función Pública, quien fue impuesta por el mismo Barbosa y estuvo en el cargo por 17 meses, tras dejar el cargo en medio de cuestionamientos políticos. Además del interinato de dos años de Francisco Teomitzi Sánchez, quien trató de darle estabilidad a la Auditoría.
La nueva convocatoria, avalada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, busca “blindar” la designación del próximo auditor o auditora superior, garantizando independencia técnica y neutralidad política. Entre sus principales candados, se establece que ninguna persona que haya sido funcionaria pública en los últimos tres años podrá participar. Esto incluye a ex gobernadores, secretarios, diputados, magistrados, alcaldes y dirigentes partidistas.
Proceso y fechas clave
La convocatoria será publicada este jueves 6 de noviembre, y las y los aspirantes tendrán hasta el 28 de noviembre para registrarse. Posteriormente, los días 9 y 10 de diciembre se llevarán a cabo entrevistas y evaluaciones por parte de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE, que revisará los perfiles legales, técnicos y éticos.
Ese mismo 10 de diciembre, la comisión entregará una terna final a la Junta de Gobierno, que presentará su propuesta ante el Pleno del Congreso el 11 de diciembre para su votación definitiva.
Requisitos y perfil
Entre los requisitos se incluyen tener al menos 30 años, título y cédula profesional con una antigüedad mínima de cinco años, buena reputación, experiencia comprobable de más de cinco años en auditoría, fiscalización o control interno, y no haber sido condenado por delitos intencionales ni inhabilitado para cargos públicos.
Además, los aspirantes deberán presentar un ensayo sobre auditoría, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como un plan de trabajo durante su comparecencia ante los legisladores.
Candados contra la injerencia política
El Congreso también estableció que no podrán participar quienes hayan buscado un cargo de elección popular en el último año, con el propósito de mantener la ASE al margen de intereses partidistas.
Con estas disposiciones, la LXI Legislatura busca romper con el pasado reciente y dar paso a una etapa de mayor estabilidad e independencia en la fiscalización del gasto público en Puebla. El reto, ahora, será reconstruir la credibilidad de una institución que durante años ha estado en el centro de la controversia política.
➡️ Únete a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado al estilo de DIARIO CAMBIO
