Entre enero de 2019 y octubre de 2025, Puebla acumuló mil 80 víctimas por el delito de extorsión. Durante el gobierno de Miguel Barbosa se registraron 609 víctimas; en la gestión de Sergio Salomón sumaron 259; y en los meses que van de la administración de Alejandro Armenta se contabilizaron 212.
En paralelo, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE) indican que, en ese mismo periodo, se abrieron mil 33 carpetas de investigación.
Entre 2019 y 2022, bajo el gobierno de Barbosa, se iniciaron 580 carpetas; de 2023 a 2024, con Salomón, fueron 246; y en este año, con Armenta, se tienen 207 indagatorias abiertas.
Se considera como extorsión cualquier amenaza que tenga la intención de obtener un beneficio, ya sea económico o de otra naturaleza. Estas amenazas pueden ser verbales, por mensaje de texto o llamada, siempre que esté vinculada a una exigencia de lucro.
De julio a octubre, la SSP recibió más de 2 mil 400 llamadas para apoyo por este delito
La incidencia de este delito se expresa también a través de la cantidad de reportes ciudadanos que llegan a las líneas de atención. El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, informó que del 7 de julio al 31 de octubre de este año recibieron 2 mil 487 denuncias por extorsión en Puebla a través del 089 y el 911.
A estas se suman 587 llamadas relacionadas con fraude y 105 por sextorsión, un patrón que evidencia distintas modalidades de presión y engaño telefónico.
El funcionario reveló además que 17 presidentes municipales fueron blanco de llamadas provenientes de grupos delictivos que intentaron exigirles dinero o presionarlos a través de amenazas.
Las investigaciones permitieron identificar que muchas de estas comunicaciones se originan desde el penal de Santa Martha Acatitla, donde operadores mantienen contacto directo con víctimas potenciales en Puebla.
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