Agua de Puebla para Todos, la empresa privada que desde 2014 tiene la concesión por 30 años del servicio de agua potable, cumple hoy 11 años operando bajo un modelo marcado por la opacidad, los abusos en sus tarifas y el constante desdén hacia los usuarios.
Lo que prometía ser la solución a los problemas de abasto del vital líquido en Puebla capital y seis municipios conurbados, se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de privatización fallida de todo México.
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La historia comenzó en 2013, cuando el entonces gobernador Rafael Moreno Valle impulsó una reforma legal que permitió entregar la operación del agua al sector privado. El proceso de licitación fue poco transparente: la empresa ganadora, Concesiones Integrales S.A. de C.V., ni siquiera existía formalmente al momento del concurso. Aun así, obtuvo una concesión por 30 años sin una consulta ciudadana de por medio.
Hoy, más de una década después, los resultados distan mucho de las promesas de eficiencia, inversión y mejora del servicio. En lugar de eso, los poblanos enfrentan tandeos, cobros excesivos, cortes arbitrarios y una atención al cliente totalmente precaria. El malestar no es aislado, ya que Agua de Puebla es la empresa más denunciada ante la Profeco en el estado.
Tarifas que suben, agua que no llega
Las tarifas de Agua de Puebla se ajustan cada tres meses, sin embargo, en muchas zonas de la capital el servicio se limita a escasos minutos de agua por semana. Colonias enteras viven bajo un régimen de tandeo extremo, mientras la empresa presume inversiones que no se reflejan en la realidad de miles de usuarios.
Un reportaje publicado por DIARIOS CAMBIO en febrero de 2025 reportaba que, durante un periodo de casi 11 años, la empresa concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado reportó una recaudación por un total de 16 mil 789 millones 243 mil 793 pesos.
Tan sólo en 2024, Agua de Puebla reportó ingresos por más de 2 mil 46 millones de pesos, una cifra récord que contrasta con las más de 300 quejas formales registradas solo en los primeros cuatro meses de 2025 ante la Profeco. Los reclamos más frecuentes incluyen cobros por fugas inexistentes, tarifas sin sustento y negativa a reconocer fallas del propio sistema.
Una demanda colectiva y la presión oficial
El hartazgo ciudadano se ha canalizado en acciones legales. Desde 2023, una demanda colectiva respaldada por más de 470 mil contratos fue certificada por un tribunal federal. Si prospera, podría obligar a la empresa a devolver cobros indebidos, modificar su esquema de tandeo y ajustar sus tarifas.
Frente al creciente descontento, el gobernador de Puebla Alejandro Armenta ha endurecido su postura. En enero declaró públicamente que, si Agua de Puebla no puede prestar el servicio como marca el contrato, “que se vaya”. Aunque ha descartado cancelar la concesión de forma inmediata —por el altísimo costo que implicaría—, su gobierno ha comenzado a marcar límites: este mes, obligó a la empresa a abrir una Coordinación de Vinculación Social, un nuevo canal para recibir quejas y darles seguimiento legal.
La crisis del agua y la concesión en entredicho
Más allá del mal servicio, Agua de Puebla opera en una región con un serio déficit hídrico. La cuenca del Alto Atoyac, de la que depende la zona metropolitana de Puebla, está sobreexplotada y contaminada. La empresa, lejos de aportar soluciones estructurales, se ha limitado a operar bajo una lógica de rentabilidad privada, sin responder a la emergencia ambiental y social que vive la región.
La concesión fue diseñada para durar hasta 2043, pero la presión social y política aumenta. El Congreso local analiza una auditoría completa del contrato. Expertos y organizaciones ciudadanas han exigido no solo su revisión, sino incluso su revocación.
