Durante una audiencia celebrada en la Sala 1 de Oralidad de la Región Judicial de San Andrés Cholula, la empresa Concesiones Integrales, operadora del servicio Agua de Puebla Para Todos, solicitó al Poder Judicial del Estado una pena de 13 años de prisión para tres activistas: Renato Romero Camacho, Pascual Bermúdez y Rogelio Flores, quienes participaron en una manifestación relacionada con el acceso al agua en el municipio de San Miguel Xoxtla.
La solicitud se presentó el pasado 2 de julio como parte del proceso penal que se sigue en su contra, por los delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado. El primero contempla una pena máxima de 4 años y el segundo de hasta 9 años de prisión, aunque durante la audiencia se mencionó la posibilidad de que este último sea reclasificado como robo.
➡️ Únete a nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado al estilo de DIARIO CAMBIO
La acusación quedó asentada en la carpeta judicial administrativa con número de folio 325/2025/Cholula. Sin embargo, el procedimiento aún se encuentra en desarrollo, por lo que no se ha hecho público el número de la carpeta de investigación.
En la audiencia participó Renato Romero, quien se encontraba detenido en ese momento y antes del inicio formal de la sesión, solicitó al juez autorización para contactar a sus familiares, afirmando que desconocían su paradero desde su detención.
Al respecto, el juez David Rodríguez González, concedió una llamada de 10 minutos bajo condiciones de resguardo, posteriormente, confirmó que se le habían informado sus derechos y le permitió mostrar lesiones en manos y piernas que, según el imputado, ocurrieron durante su aseguramiento.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva justificada, argumentando la suma de las penas previstas para ambos delitos, no obstante, también se hizo mención de criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desalientan esta medida cautelar por considerarla una forma de pena anticipada.
Al día siguiente, el 3 de julio, el juez modificó la medida cautelar y Renato Romero obtuvo su libertad provisional, con la obligación de firmar de manera mensual mientras continúa el proceso.
La audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo 7 de julio, en la misma sede judicial, en esa sesión, se definirá si se formaliza la acusación penal contra Renato Romero, Pascual Bermúdez y Rogelio Flores, integrantes del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla, organización que ha participado en acciones de protesta en rechazo al manejo del agua en la región.
