El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció que, su administración trabaja en una Ley AntiMilpa, una iniciativa que buscará combatir de fondo la corrupción en el ejercicio del poder público. La propuesta apunta a erradicar prácticas como los “diezmos”, los donativos forzados y el uso político de los recursos públicos.
🙋♂️🚧#Infórmate | El gobernador Alejandro Armenta, dijo que ya se trabaja en la elaboración de la “Ley AntiMilpa” que estipule sanciones a los funcionarios que promuevan los fraudes y corrupción dentro del gobierno estatal. Aseguró que de trata también de un proceso de… pic.twitter.com/YPoWo2yLQs
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 26, 2025
“La Ley AntiMilpa suena bien, estamos trabajando en ello, tiene que ser algo con toda la seriedad, una ley que combata de fondo la corrupción”, expresó el mandatario.
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Armenta explicó que, el término “Milpa” hace referencia a los donativos ilegales o aportaciones obligadas que funcionarios y contratistas deben entregar a cambio de favores o contratos, una práctica que —según denunció— sigue operando en distintos niveles de gobierno bajo nuevas formas.
El gobernador hizo un repaso histórico sobre cómo se ha combatido la corrupción en el país, recordando la llamada “renovación moral”, impulsada durante los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, y alertó sobre los riesgos de caer en la sobrerregulación ineficaz.
“Lo que pasó fue que se creó mayor sobrerregulación, cuando el gobierno sobrerregula, genera burocracias ineptas que no permiten que los recursos se liberen, lo digo como profesional de la administración pública”, afirmó.
Subrayó que, más que crear nuevas estructuras burocráticas, se requiere aplicar la ley de manera estricta, pero sin tintes políticos.
“Hay que aplicar la ley con un sentido estricto, no con un sentido político. Nosotros, en el gobierno de la Cuarta Transformación en Puebla, no perseguimos a nadie, no estamos en contra de nadie; promovemos valores y principios, pero la corrupción es como la hiedra, hay que estarla podando permanentemente”, comentó.
Armenta insistió en que esta nueva legislación debe establecer sanciones claras para quienes incurran en prácticas corruptas desde el inicio de su función pública.
“La Ley AntiMilpa tiene que ser un proceso de regulación para que quien quiera servir al estado sepa que no va a poder cometer actos irregulares y que se va a sancionar a quienes lo hagan”, dijo.
También, señaló que, es fundamental transparentar los recursos y donativos, ya que en muchos casos el llamado “diezmo” ya no es del 10 por ciento, sino mucho más.
“No me digan que el Museo Barroco fue un diezmo… fue una acción deliberada de saqueo institucional, iba a costar 600 millones y terminó costando 14 mil millones de pesos”, mencionó.
Añadió que, actualmente, el estado sigue pagando dicha deuda.
“Cada año tenemos que pagar lo que iba a costar el museo: 536 millones de pesos. Con eso, podríamos haber construido 441 escuelas y beneficiado a más de 158 mil alumnos”, concluyó.
