“No hay protección para quienes cometen actos irregulares”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, luego de que se aplicaran sanciones a ex funcionarios estatales involucrados en el desfalco de las finanzas públicas con el Banco Accendo; asimismo enfatizó que nadie está por encima de la ley, ni amigos ni familiares.
🔴#TeCuento | En Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión, expresó el gobernador Alejandro Armenta Mier respecto al caso desvío de recursos públicos durante la administración de Luis Miguel Barbosa a través de banco Accendo. Indicó que ante un posible delito o… pic.twitter.com/YP0iu5EgFX
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 30, 2025
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo afirmó que su administración mantiene una postura de imparcialidad y apego absoluto a la ley, al señalar que en Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión frente a los actos de corrupción o irregularidades cometidos por servidores públicos.
“Nosotros no acusamos, ni protegemos, ni perseguimos. Son procedimientos que competen en el actuar de los servidores públicos. Nuestra postura es clara y firme: en Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión (…) la justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones; este gobierno actúa con respeto absoluto a la ley y con compromiso inquebrantable hacia el pueblo de Puebla”, sentenció el titular del Ejecutivo.
En su mensaje, Armenta Mier subrayó que su gobierno garantiza el debido proceso en todas las investigaciones y sanciones que correspondan con el caso Accendo, reafirmando su compromiso con una administración transparente, honesta y al servicio de la ciudadanía, sin privilegios ni favoritismos.
Armenta Mier, durante su declaración a medios de comunicación, recordó que la denuncia de este hecho no la realizó su administración, sin embargo, se le dará el seguimiento necesario hasta llegar a las últimas consecuencias.
Cabe mencionar que el pasado 27 de octubre se dio a conocer que María Teresa Castro Corro, secretaria de Finanzas en el gobierno de Miguel Barbosa, fue sancionada con 20 años de inhabilitación y 362 millones de pesos de multa por desvío de recursos públicos en la inversión ilegal de más de 600 millones de pesos en Accendo Banco, institución que quebró y provocó un quebranto a las finanzas del estado.
Asimismo, fue sancionado también José Enrique Girón Zenil, quien era subsecretario de Egresos cuando ocurrió el desfalco, con 15 años de inhabilitación y multa de 241 millones de pesos. También en esta semana, la fiscal de Puebla Idamis Pastor Betancourt reveló que la dependencia mantiene abierta una carpeta de investigación sobre este fraude, y no descarta judicializarla en cuanto se reúnan los elementos necesarios. Además, señaló que son varios los implicados en el caso del quebranto financiero.
Sobre este tema, el gobernador afirmó: “No vamos a cerrar los ojos ante una irregularidad”, añadió, al citar que esta investigación contra un gobierno emanado de Morena no es una persecución, ni se trata de un tema de partidos.
En su tradicional mañanera realizada el pasado 30 de octubre, el mandatario estatal dio lectura al comunicado emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el que se mencionaron los procedimientos emprendidos contra los exfuncionarios señalados por irregularidades.
Dicho lo anterior, aclaró que cada fallo o sentencia es emitido de manera autónoma por las autoridades judiciales, y rechazó que exista algún tipo de injerencia del Gobierno del Estado en las investigaciones que llevan a cabo instancias como la Fiscalía General del Estado (FGE).
Armenta Mier reiteró que su administración respeta la independencia de los órganos de justicia y que su papel se limita a garantizar que los procesos se desarrollen con transparencia, legalidad y sin tintes políticos. Esto, al mencionar también la investigación en curso contra el ex director del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) Jesús Zaldívar Benavides, ex dirigente municipal del PAN.
Asimismo, Alejandro Armenta Mier subrayó que su administración no hace distinciones partidistas al momento de aplicar la ley, y que las resoluciones judiciales deben acatarse con responsabilidad por parte de todos los involucrados.
Reiteró que su gobierno no encubrirá a nadie por actos irregulares cometidos en administraciones anteriores, como la inversión fallida de 606 millones de pesos registrada durante el mandato de Miguel Barbosa Huerta, al tiempo que enfatizó que no se trata de una persecución política, sino de la aplicación de la justicia conforme a derecho.
Armenta Mier precisó que las sanciones y procedimientos porl el caso Accendo corresponden exclusivamente a las autoridades competentes, y aseguró que, si el Tribunal requiere información adicional, el Gobierno del Estado la entregará sin obstáculos, en un ejercicio de transparencia y colaboración institucional.
“La amistad que podamos tener no es una capa protectora para la impunidad, lo digo con claridad”, puntualizó el gobernador de Puebla.
Cabe recordar que María Teresa Castro Corro, durante su función como secretaria de Finanzas y Administración con Luis Miguel Barbosa y Sergio Salomón Céspedes, ocultó de manera dolosa ocho propiedades inmobiliarias en su declaración patrimonial de 2019 y las subsecuentes hasta 2023, cuando abandonó el gobierno poblano, violando la Ley General de Responsabilidades Administrativas y cometiendo el delito de falsedad de declaraciones previsto en el artículo 254 del Código Penal.
Los ocho inmuebles adquiridos entre 1993 y 2015, antes de su ingreso a la Secretaría de Finanzas, no fueron reportados en su declaración patrimonial de 2019, pero sí aparecen en la declaración de 2024, periodo en el que se reincorporó al gobierno federal como asesora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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